El operativo deja nueve arrestos, cuatro pedidos en extradición por EE. UU.
El Ministerio Público de República Dominicana puso en marcha la Operación Discovery 3.0, un golpe contra una red de cibercriminalidad que operaba desde el país hacia Estados Unidos, con víctimas principalmente de edad avanzada.
El despliegue movilizó a 50 fiscales y 375 agentes policiales en 34 allanamientos simultáneos en Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo. La acción, coordinada con la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) y el FBI, incluyó registros paralelos en California, Nueva York, Florida, Maryland y Missouri.
La investigación, que llevaba más de dos años en curso, permitió identificar un grupo estructurado que utilizaba plataformas digitales para cometer fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero.
Entre los arrestados figuran Óscar Manuel Castaños García, Edward José Puello García, Joel de la Cruz y Gerardo Heriberto Núñez Núñez, todos solicitados en extradición por las autoridades estadounidenses. En total, fueron detenidas nueve personas.
Según Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, la operación responde a la directriz de la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, de enfrentar de forma sostenida la criminalidad organizada y la cibercriminalidad. Camacho detalló que, además de los arrestos, se incautaron sumas de dinero en efectivo, vehículos de lujo, joyas, equipos electrónicos, armas de fuego y marihuana líquida.
Los cuatro solicitados en extradición serán presentados ante la Suprema Corte de Justicia, mientras que el resto enfrentará cargos en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, donde se conocerán las medidas de coerción.
La Operación Discovery 3.0 sigue la línea de dos acciones previas —Discovery y Discovery 2.0— que desmantelaron redes dedicadas a estafar a ciudadanos estadounidenses retirados, despojándolos de sus ahorros y sometiéndolos a engaños y presiones.
Con este nuevo golpe, el Ministerio Público busca cerrar el cerco sobre estructuras que, desde territorio dominicano, han convertido el fraude digital en un negocio millonario a costa de víctimas vulnerables.