La Superintendencia de Seguros abre una consulta pública para discutir tarifas y coberturas con todos los sectores.
La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana ha dado un paso atrás para poder dar un gran salto adelante: suspendió de manera temporal dos resoluciones que buscaban modificar las tarifas y coberturas del seguro obligatorio para vehículos de motor.
La decisión, plasmada en la Resolución Núm. 10-2025, no es un retroceso, sino una apuesta por la transparencia y el consenso. El objetivo es claro: abrir un proceso de consulta pública ampliada que durará seis meses.
El superintendente de seguros, Julio César Valentín Jiminián, explicó que esta medida busca fortalecer el proceso regulatorio. En sus palabras, prefieren "construir [la norma] junto a los sectores que representa y protege" en lugar de simplemente imponerla.
Esta postura es un reconocimiento a la importancia de la participación ciudadana y de los sectores directamente afectados. Durante este tiempo, la normativa anterior, establecida en la Resolución 010-2002, seguirá en plena vigencia.
El proceso de consulta incluirá a un amplio espectro de la sociedad dominicana, como gremios de transporte, aseguradoras, organizaciones de consumidores, abogados, académicos y la ciudadanía en general.
La Superintendencia de Seguros ha prometido que en los próximos días se publicará un cronograma detallado. Este plan incluirá una serie de audiencias públicas y la habilitación de plataformas digitales para que cualquier interesado pueda enviar sus observaciones y propuestas.
La suspensión de las resoluciones 05-2025 y 07-2025 responde a un compromiso con la transparencia y el diálogo. Se busca una regulación que no solo sea efectiva, sino que también cuente con el respaldo de la sociedad.
La decisión está sólidamente fundamentada en varias leyes, incluyendo la Ley de Seguros y Fianzas, la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, la Ley de Mejora Regulatoria y la Ley sobre Procedimiento Administrativo, además de principios constitucionales clave como la participación, la razonabilidad y la seguridad jurídica.
Valentín Jiminián fue enfático al recalcar la filosofía detrás de esta acción: "La regulación que queremos para el país debe nacer del consenso y del interés general". Esta declaración subraya la intención de crear un marco regulatorio que sea justo y equilibrado para todas las partes, y no uno que beneficie a unos pocos.
