Aumenta las penas de prisión de 30 hasta 60 años en aquellos casos de infracciones o delitos graves.
República Dominicana ya tiene un nuevo Código Penal. Imperfecto aún, pero ajustado en gran parte a la modernidad de las generaciones actuales.
Promulgado mediante Ley 74-25 el pasado 3 de agosto por el presidente Luis Abinader, este entrará en vigencia en agosto de 2026, de acuerdo a reglamentos establecidos.
Luego de dos décadas de estudios, reuniones y discusiones modificando el viejo código, que existía desde 1884 durante el gobierno de Ulises Heureaux (Lilís), se esperaba que los congresistas dominicanos adaptados a la modernidad y avances de este siglo XXI, elaboraran un Código Penal justo y amplio en todas sus dimensiones.
Sin embargo, pareciera que fue elaborado para que la balanza de la justicia se mantenga inclinada a favor de sectores políticos, grupos económicos y religiosos que influyen en las grandes decisiones nacionales.
Es un código discriminatorio a los intereses de la mujer al no reconocer sus demandas sobre la despenalización del aborto en tres circunstancias (tres causales); concede más poder a los enemigos de la igualdad de los derechos del ciudadano o ciudadana, de la libertad de asociación y de la libertad de opinión pública, entre otras.
Más que solucionar conflictos de intereses, el nuevo Código Penal creará más problemas sociales, por la cantidad de regulaciones y controles que afectan directa e indirectamente los derechos de los ciudadanos y sociedades comerciales.
Pero no todo es malo en el nuevo Código Penal dominicano. Hay que reconocer que trae insertos artículos muy positivos que buscan enfrentar con dureza la criminalidad en el país en todas sus formas.
Aumenta las penas de prisión de 30 hasta 60 años en aquellos casos de infracciones o delitos graves.
Además, contempla severos castigos contra el feminicidio, el sicariato, la desaparición forzada, el autosecuestro, el “deepfake”(creación de imágenes digitales falsas), videos o audios generados por Inteligencia Artificial que afectan directamente a alguien en específico.
Otro aspecto incluido fue incluir la penalización de las estafas piramidales, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, violencia de género y corrupción administrativa, entre otros.
Lo importante es que los dominicanos ya tienen en 2025 un Código Penal nuevo que sustituyó al anterior, que ha tenido una vigencia de 141 años.
Ahora, la lucha es trabajar para perfeccionar la obra recién terminada, que haga un orden jurídico más justo proponiendo modificaciones a disposiciones controversiales que no fortalecen la consolidación de los derechos individuales y colectivos de todos los dominicanos.
