La depredación sistemática que sufren los ríos nacionales amparados en permisologías recaudadoras y depredadoras a todas luces fuera de ley
El mes de agosto es el mes en que el gobierno hace la evaluación sobre el desempeño de sus carteras en el último año. Dentro de la evaluación crítica sobre las políticas públicas puestas en marcha y el cumplimiento estrictito de su marco legal sectorial, el Ministerio de Estado de Medioambiente y Recursos Naturales lleva unas estadísticas realmente lamentables caracterizada por violaciones sistemático a órdenes que más que legales son ordenes constitucionales avaladas por decisiones del Tribunal Constitucional.
En materia de residuos sólidos, el Congreso Nacional ha conocido y aprobado una ley que debió ser observada por el Poder Ejecutivo sin que la opinión pública conozca la posición del ministerio de Medioambiente sobre este particular. Este punto es particularmente sensible porque siendo el último cupé del año en relación al referido ministerio, señala lucidamente la conducta mantenida por este en el último año. Su desempeño es mediocre. Mantenerse ajeno a un asunto que es de primordial importancia no solo en el país sino en todo el mundo frente al cambio climático y a la salud y conservación, por ejemplo, de la fauna marina, da una versión clara sobre la inoperancia de este órgano.
La depredación sistemática que sufren los ríos nacionales amparados en permisologías recaudadoras y depredadoras a todas luces fuera de ley, pero auspiciadas por altos funcionarios del actual gobierno, son indicativos de que el ministro no es capaz de poner el cascabel al gato. Esto es lo que puede explicar la impunidad con que, por ejemplo, se depreda y extraen agregados de forma indiscriminadas sobre el río Bajabonico desde el municipio de Imbert hasta su desembocadura en el océano Atlántico en el llamado Puerto Plata oeste, sin que el ministro se dé por enterado de ello, a pesar de que formó una especie de guardia de honor sobre el mangle del municipio de Luperón. Quizás para garantizar la depredación del mangle de la bahía o bolsón protector de dicha bahía, pero, haciendo la salvedad de que la tala indiscriminada en las montañas o meseta septentrional cercana, no era un objetivo suyo. Como tampoco lo es la protección río Bajabonico, este es un tesoro para los piratas de nuevo cuño. Da pena pensar que este río lo navegó hasta Guananico Martín Alonso Pinzón, en la incursión de Cristóbal Colón y ahora es prácticamente un arroyo que pasa la mayor parte del año seco debido a que ya solo tiene agregados pluviales, es decir producto de las crecidas del Bajabonico en épocas de lluvias. Algo similar puede añadirse sobre el denominado bajo Yuna, sobre el Camú, sobre el Río Yasica, etc.
No se conoce un solo programa de reforestación de protección de las cuencas fluviales del país. Es como si no existiese un ministerio ambiental y una legislación incluso constitucional que respalde política pública alguna sobre la materia.
El ministro solo está atento a buscar el momento adecuado para respaldar la destrucción del río Yaque del Sur cuando contra viento y marea, decida el gobierno, poner en explotación la mina de los Romeros para lo cual, de seguro, están evaluando el costo social y político de este despropósito. Es decir, el gobierno tiene como política pública garantizar con artificios legales la depredación sistemática de los recursos naturales del país. El ministro no se siente identificado con las leyes, ni con la constitución, sino único vínculo es servir al presidente de la república y a los funcionarios y empresas depredadoras del medioambiente. Tal y como se observa en el caso de la discoteca Jet Set. La mesa está servida porque la administración de justicia también está postrada y al servicio del Poder Ejecutivo.
Obviamente, la protesta ciudadana, la defensa de los ecologistas y la comunidad internacional comprometida con la defensa del planeta, cuenta con el marco jurídico para incoar acciones contra los depredadores sean estos oficiales o privados. El cuestionamiento a la administración de justicia crece en todas partes. Incluso, la metodología de selección de operadores judiciales está sujeta a cambios con miras a evitar su dependencia de un poder ejecutivo troglodita.
Sobre todo, porque la conciencia popular empieza a ser sensible cuando se escuchan historias como las del Cotui, Loma Miranda, etc., en las zonas operadas por empresas mineras se carece de agua potable, ha desaparecido la agricultura y la ganadería, la flora y la fauna han sufrido notorias mutaciones genéticas deformadoras y que hacen imposible la vida para vegetales y animales, al tiempo que el aire queda contaminado.
En el denominado Cibao Central, a pesar de que existe una ley de ordenamiento territorial Medioambiente no ha sido capaz de delimitar las áreas protegidas, agrícolas y ganaderas de las áreas donde es posible el urbanismo. Es decir, ni existe ordenamiento territorial, ni se realizan estudios de impacto ambiental más que con el objeto de favorecer un urbanismo mal entendido y peor ejecutado. Sin que esta nota sea limitativa de la región descrita, es más bien un despropósito nacional. Las políticas públicas que, en su origen buscaban el bien común, han sido invertidas, ahora buscan el bien particular o de grupos, es decir, violan flagrantemente la constitución de la república desde el gobierno mismo.
Es lamentable observar, cómo estos funcionarios y técnicos van a puestos público con el único objeto de satisfacer propósitos particulares. Este tipo de conducta es la que erosiona la imagen de la democracia y abre el camino a ideas de fuerzas de las cuales luego, estos irresponsables pretenden acusar al pueblo de ser el responsable de salidas sociales y políticas autoritarias, pero vistas las cosas, el sistema democrático, como cualquier sistema político, se destruye a si mismo cuando no es capaz de respetar su legalidad institucional.
Aquí, la fiesta de la democracia, es una piñata en la que, más que construir institucionalidad, se derrumba el sistema. Dicho de otra manera, el país requiere de políticos cuyo desempeño esté signado por la responsabilidad social. El marco legal existe ya, solo hace falta el empoderamiento de la ciudadanía. A la administración de justicia toca decidir si se une al ruedo o, por el contrario, sucumbe ante el mismo. La población, como siempre, albergó grandes ilusiones con la actual gestión de gobierno, pero dado el desempeño de ministros como el de Medioambiente, entre otros, la decepción del ciudadano empieza a ser notoria.
Es hora de que la calificación de que la nota obtenida por los funcionarios públicos, no sean publicadas solo el día después de las elecciones, la evaluación ha de ser constante, se sabe que la publicidad gubernamental, como las leyes mordazas buscan siempre acallar a aquellos cuyo único poder radica en la expresión y difusión del pensamiento, sin embargo, los políticos en el gobierno deberían darse cuenta de que, cuando reprimen, no hacen más que demostrar carencia de capacidad de gestión. DLH-11-8-2025
