Un nuevo conteo poblacional buscará dejar fuera a la población indocumentada, con miras a las elecciones de 2026.
En una jugada que redefine la política demográfica de Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha ordenado al Departamento de Comercio la creación de un nuevo censo que excluya a los inmigrantes en situación irregular.
La medida, anunciada en su cuenta de la red social Truth Social, busca elaborar un conteo poblacional "muy preciso" que deje fuera a quienes no tienen permiso para residir en el país.
Trump no ofreció detalles sobre la metodología ni el cronograma de este nuevo censo. Sin embargo, indicó que los trabajos deben comenzar "inmediatamente" y que se basarán en los resultados y la información de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.
Este anuncio es una desviación radical del censo tradicional, que se realiza cada diez años, y cuya próxima edición no está prevista hasta 2030.
El censo de Estados Unidos es mucho más que un simple conteo de personas. Sus resultados son la base para decisiones políticas y económicas de gran envergadura, como la distribución de fondos federales y la asignación de escaños en el Congreso entre los estados.
La orden de Trump amenaza con afectar directamente a las zonas con mayor presencia de migrantes indocumentados, que suelen ser estados controlados por los demócratas, y que podrían ver reducida su representación y financiación si la medida se lleva a cabo.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha hecho de la inmigración irregular un pilar central de su agenda. Ha abogado por un endurecimiento sin precedentes de las políticas migratorias y ha prometido deportar a todas las personas que no tengan autorización para vivir en el país.
En este contexto, la orden del nuevo censo se entiende como una herramienta para minar el poder político y económico de los estados y ciudades con políticas migratorias más flexibles, a los que el presidente considera "santuarios" para los indocumentados.
La decisión de Trump seguramente desatará una ola de críticas y desafíos legales por parte de la oposición demócrata y grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, que argumentarán que esta medida es inconstitucional y discriminatoria.
El pulso por el poder político y la representación en Estados Unidos se intensifica, con la inmigración en el centro de la batalla.
