Un tribunal impone fianza y otras medidas de coerción en el caso del proyecto “Paraíso Dorado”.
Un tribunal de Puerto Plata ha dictado medidas de coerción contra tres personas implicadas en un presunto fraude millonario en el proyecto habitacional “Paraíso Dorado”.
La decisión, basada en las evidencias presentadas por el Ministerio Público, impone a los imputados el pago de un millón de pesos, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país.
Los acusados son Jesús Aldea Abián, de nacionalidad española, su exsocio y abogado Pedro Pablo Pérez, y la esposa de este último, Griselda Antonia Calderón Taveras.
El caso se originó a partir de una querella presentada por Dámaso Medrano Reyes, quien denunció la falsificación de su firma en un poder general.
Este documento, según la denuncia, otorgaba a Aldea Abián amplias facultades para actuar en su nombre, lo cual, a la postre, sirvió para desviar los fondos de los inversionistas.
Según el expediente, los documentos falsificados fueron utilizados para mover dinero de los inversores a otras dos empresas: Guztrade SRL y Condular SRL, supuestamente creadas por Aldea Abián, Pedro Pablo Pérez y Griselda Calderón Taveras.
Se indica que a pesar de que se realizaron los pagos, el proyecto habitacional, que debía ser construido en el municipio San Felipe de Puerto Plata, nunca se materializó.
Peritaje confirma la falsificación
Una pieza clave en el caso es el peritaje realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). El notario Rodolfo Morales Almonte, que había legalizado el poder, se vio en la necesidad de enviar el documento para su análisis.
Tras el experticio, el certificado No. DRN-075-2025, con fecha del 26 de junio de 2025, no dejó lugar a dudas: las firmas no correspondían a Dámaso Medrano Reyes, lo que validó la acusación de falsificación.
Durante la audiencia, la fiscal litigante Massiel Peña presentó estas y otras evidencias a la jueza Rosalba Francisco Parra, del Juzgado de la Instrucción de Puerto Plata, quien consideró que los elementos eran suficientes para dictar las medidas de coerción.
Por su parte, la fiscal investigadora del caso, Rosalía Vargas Gómez, continúa con las diligencias para determinar el alcance total del fraude.
El caso, que ya ha sido calificado preliminarmente como una violación a múltiples artículos del Código Penal dominicano, incluidos los de falsificación de documentos, estafa y asociación de malhechores, sigue su curso.
