Jóvenes empresarios advierten sobre riesgos para las empresas y retrocesos en derechos fundamentales de la mujer.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) ha puesto sobre la mesa su visión sobre el recién aprobado Código Penal (Ley núm. 74-25), una reforma histórica que busca reemplazar la legislación de 1884. Aunque la organización celebra la actualización de una ley que lleva más de un siglo de antigüedad, también señala puntos de alerta que, a su juicio, merecen una revisión durante el período de vacatio legis de 12 meses.
ANJE reconoce el gran esfuerzo de los legisladores por modernizar el marco jurídico y aplaude la inclusión de más de 70 nuevos tipos penales, que reflejan las realidades y preocupaciones del siglo XXI. Delitos como el feminicidio, el crimen organizado, los delitos cibernéticos y la difusión de deepfakes con fines de chantaje, entre otros, son un paso adelante en la lucha contra la criminalidad moderna.
Sin embargo, la asociación pide transparencia ante las inconsistencias que, según el propio Poder Ejecutivo y el Congreso, se han identificado en el texto. Consideran fundamental que se socialicen estas dudas y se revisen ciertas disposiciones antes de que la ley entre en vigor en agosto de 2026.
Impacto en las empresas y retrocesos en derechos
Uno de los mayores puntos de fricción para ANJE es el nuevo régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. El artículo 8 y los subsiguientes establecen que las empresas pueden ser responsabilizadas por delitos cometidos por sus “subordinados” en general, incluso si estos no tienen la representación legal de la compañía. Esta ambigüedad obliga a las empresas a ser parte de procesos penales por actos que no necesariamente controlan.
Esta nueva regulación exigirá a todas las empresas, incluidas las MIPYMES, la implementación de costosos programas de cumplimiento normativo. Esto no solo aumentará las cargas regulatorias, sino que también podría desincentivar la formalización, ya que la ley no establece que la existencia de estos programas sea un eximente de responsabilidad.
Para ANJE, esto representa un impacto económico y operativo significativo, ya que la medida no se limitaría a los sujetos obligados por la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
A la vez, la organización expresa una profunda preocupación por lo que considera un retroceso en materia de derechos fundamentales para las mujeres y niñas. El nuevo Código Penal, en un país con altas tasas de violencia de género, persiste en omisiones críticas.
ANJE lamenta la falta de disposiciones claras sobre las circunstancias que definen el feminicidio y, sobre todo, la exclusión de la interrupción del embarazo como tipo penal en causales específicas. Esto, a su juicio, es un paso atrás en los derechos y garantías de la mujer.
Con todo, ANJE reafirma su compromiso con el Estado de derecho y el fortalecimiento institucional. La asociación concluye que el nuevo Código Penal debe aspirar a proteger e impulsar las empresas, especialmente las MIPYMES lideradas por mujeres, mientras garantiza la protección de los derechos humanos y la competitividad empresarial. La puerta está abierta para que, en este año de vacatio legis, se realicen los ajustes necesarios para un marco legal justo, moderno y equitativo.
