El exdiputado acusa a la comunicadora de propagar calumnias sin pruebas
SANTO DOMINGO. — El exdiputado y empresario Virgilio Merán Valenzuela decidió llevar su defensa al terreno judicial. Esta semana presentó una querella penal con constitución en actor civil contra la comunicadora Claudina Pérez Ramírez —mejor conocida como “La Tora”—, así como contra Madelin De La Rosa, la empresa La Tora TV, S.R.L. y el canal televisivo Luna TV Canal 25.
La acción judicial responde a una serie de declaraciones difundidas por medios digitales y espacios televisivos donde, según Merán Valenzuela, fue vinculado sin fundamento a actividades delictivas como narcotráfico, préstamos ilegales y tentativa de homicidio.
“Estas afirmaciones son temerarias, irresponsables y profundamente ofensivas”, expresó el exlegislador en un comunicado. “No puedo, no debo y no voy a quedarme callado ante esta agresión pública y deliberada. Mi nombre será reivindicado”.
Merán sostiene que las acusaciones atentan directamente contra su honor y trayectoria, construida —según afirmó— a base de trabajo honesto y compromiso con el desarrollo social. Las pruebas que sustentan la querella ya han sido depositadas ante las autoridades correspondientes, aseguró.
Pero más allá de lo personal, el exdiputado asegura que su demanda busca sentar precedentes frente a lo que considera un uso irresponsable y dañino de los medios de comunicación. “Los micrófonos no pueden seguir siendo armas para destruir reputaciones. La libertad de expresión no puede ser excusa para la injuria y la mentira”, dijo con firmeza.
En su declaración, también hizo un llamado a la Policía Nacional y al Ministerio Público a proteger a las víctimas de “violencia mediática”. Además, instó a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía a tomar medidas contra programas que incurren de forma reiterada en difamación, y pidió a los medios responsables distanciarse públicamente de prácticas que disfrazan la calumnia de periodismo.
“Este proceso es por mí, pero también por otros que no tienen cómo defenderse ante los abusos mediáticos”, concluyó.
La querella de Merán Valenzuela abre un nuevo capítulo en el debate sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad en el ejercicio de la comunicación pública en República Dominicana.
