Denuncian retrocesos graves en derechos humanos, libertad de expresión y garantías constitucionales
SANTO DOMINGO, 4 de agosto de 2025. — La aprobación del nuevo Código Penal por parte del oficialismo provocó una ola de indignación entre organizaciones de mujeres y colectivos sociales que acusan al gobierno y al Congreso Nacional de retroceder décadas en materia de derechos humanos y garantías constitucionales.
En un comunicado conjunto, agrupaciones feministas, populares y académicas denunciaron que el texto legal aprobado por el PRM y el presidente de la República legitima la violencia, limita derechos fundamentales y normaliza la impunidad.
Uno de los puntos más alarmantes, según expresaron, es la exclusión de las agresiones “educativas o disciplinarias” de la tipificación de violencia intrafamiliar. “Es un permiso tácito para seguir golpeando niños en nombre de la crianza. Es inadmisible”, expresaron.
También cuestionaron que el Código introduce figuras penales ambiguas como el “ultraje” o la “intimidación contra funcionarios públicos”, que —según advierten— podrían usarse para perseguir protestas, expresiones artísticas o denuncias públicas.
Las restricciones al derecho de grabar y difundir imágenes de arrestos también encendieron alertas. Las nuevas disposiciones dejan a discreción de los agentes su aplicación y prohíben la publicación de grabaciones sin consentimiento del detenido. Las organizaciones consideran que esto podría obstaculizar denuncias de abuso policial y limitar el acceso a la verdad en casos de violencia de Estado.
En cuanto a derechos sexuales y reproductivos, reiteraron su rechazo a la exclusión de las tres causales para la interrupción del embarazo. “Este Código castiga la pobreza y sacrifica la vida y la dignidad de las mujeres más vulnerables”, denunciaron.
Asimismo, criticaron duramente los nuevos plazos de prescripción para delitos de corrupción y la exención de responsabilidad penal para iglesias, partidos y ayuntamientos. “Es un blindaje legal para la impunidad del poder”, afirmaron.
Otro aspecto que provocó indignación fue la definición restrictiva de la violación dentro del matrimonio o la pareja, que solo se reconoce si hay violencia física o drogas de por medio. “El consentimiento no desaparece por casarse. Este Código lo ignora y protege a los agresores”, señalaron.
“El PRM nos prometió un Código moderno, y esto es una traición. Es un retroceso jurídico, social y ético”, concluyeron.
El comunicado fue suscrito por más de veinte organizaciones sociales y feministas, entre ellas CIPAF, CE-Mujer, CONAMUCA, UDEMU, Ciudad Alternativa, Coordinadora Nacional Popular, y el Instituto de Género y Familia de la UASD.
