Guia de entrevistas forenses para víctimas y testigos en condición de vulnerabilidad para evitar la revictimización
Santo Domingo.-En un paso crucial para modernizar y humanizar el sistema judicial dominicano, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aprobó el Protocolo de Actuación para Entrevistas Forenses a Víctimas y Testigos en Condición de Vulnerabilidad.
La decisión, tomada el 17 de julio de 2025, responde a un mandato del Tribunal Constitucional y busca proteger a quienes históricamente han enfrentado mayores obstáculos en los procesos judiciales.
La medida surge a raíz de la sentencia TC/0522/23, que estableció que la SCJ es el órgano exclusivo para reglamentar los procedimientos de entrevistas forenses. Con este nuevo protocolo, la Corte reafirma su poder para dictar normas que aseguren una tutela judicial efectiva y el respeto de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
Este documento establece un marco claro y operativo para tomar declaraciones de grupos especialmente sensibles, como niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, mujeres víctimas de violencia de género y personas con discapacidad.
El objetivo es que sus testimonios se obtengan de forma segura, digna y respetuosa, evitando así la exposición repetida que a menudo causa una segunda victimización.
El protocolo garantiza que estas entrevistas forenses sean consideradas como anticipos de prueba. Esto significa que el testimonio se recopila una sola vez, en un entorno especializado y con todas las garantías, para luego ser utilizado durante el juicio. Esto no solo protege a la persona, sino que también agiliza el proceso judicial y refuerza la validez de la evidencia.
Entre los objetivos específicos del protocolo están:
- Reducir la victimización secundaria.
- Garantizar la confidencialidad de los testimonios.
- Fortalecer el acceso a la justicia.
- Unificar los procedimientos en los Centros de Entrevistas Forenses del país.
Para su elaboración, la Suprema Corte consideró no solo la Constitución dominicana, sino también los compromisos internacionales que ha firmado el Estado, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Dichos instrumentos obligan a los países a adoptar medidas especiales para proteger a los grupos más expuestos a la violencia y la discriminación.
Con esta aprobación, el Poder Judicial da un paso firme hacia un sistema de justicia más inclusivo y humano, que se adapta a las necesidades de quienes necesitan una protección especial.
La Escuela Nacional de la Judicatura será la encargada de difundir el protocolo y capacitar a jueces y demás operadores del sistema en todo el país para asegurar su correcta implementación.
El documento completo está disponible en la página web del Poder Judicial, un recurso valioso para profesionales y ciudadanos interesados en el tema.
