Juristas y entidades valoran decisión del presidente Abinader como histórica
Santo Domingo, 4 de agosto de 2025. – Después de más de un siglo bajo una normativa anclada en el siglo XIX, la República Dominicana estrena un nuevo Código Penal. El presidente Luis Abinader promulgó la Ley No. 74-25, cerrando así el ciclo de un cuerpo legal que, como muchos han señalado, llevaba décadas desfasado.
La decisión ha sido ampliamente celebrada por entidades jurídicas, figuras del derecho y organizaciones sociales como un acto de valentía, visión política y compromiso con la modernización del sistema penal, según consta en comunicados emitidos a DiarioDigitalRD.
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) no tardó en reaccionar. Su presidente, Trajano Potentini, calificó la promulgación como un hito en la historia legal del país. “Se acabó una legislación obsoleta. Por fin tenemos un código que reconoce los desafíos del crimen moderno y permite una respuesta más ágil y efectiva del sistema judicial”, afirmó.
Según Potentini, el viejo código, vigente desde 1884, ya no tenía sentido frente a delitos complejos como el cibercrimen, la corrupción administrativa o la violencia de género.
El nuevo marco legal no solo actualiza tipificaciones y endurece penas. También introduce delitos como el feminicidio, el sicariato, el acoso laboral y sexual, la trata de personas y el cúmulo de penas.
Además, ofrece una mirada más amplia y técnica sobre fenómenos como el lavado de activos y la criminalidad organizada. En palabras de Potentini, “no es solo una ley penal, es una herramienta que moderniza la política criminal del Estado”.
Desde la sociedad civil, ADOCCO también celebró la promulgación. Su presidente, Julio César De la Rosa Tiburcio, destacó que la ley dedica por primera vez un capítulo entero a la corrupción pública, un paso sin precedentes en el país. “Ya no es un delito suelto; es un concierto de crímenes articulados, con nombres, apellidos y consecuencias claras”, afirmó.
Entre las novedades más comentadas figura la inclusión del “peculado de uso”, que sanciona con penas de hasta diez años de prisión y fuertes multas a funcionarios que utilicen bienes del Estado para fines personales o ajenos a la función pública. Según De la Rosa Tiburcio, “esto ataca de raíz prácticas normalizadas en la administración pública, como prestar vehículos oficiales o equipos a terceros”.
La ley también amplía el plazo de prescripción para los delitos contra el patrimonio público a veinte años, lo que permitirá investigar y sancionar actos de corrupción cometidos con anterioridad, siempre que no hayan prescrito bajo la norma anterior.
El CARD anunció, además, una jornada nacional de socialización y formación para todos los actores del sistema judicial, incluidos abogados, fiscales, defensores públicos y jueces. El objetivo es garantizar una implementación efectiva del nuevo código y detectar posibles áreas de mejora antes de su entrada en vigencia en agosto de 2026.
El gremio también contempla analizar artículos controversiales, como los relacionados con la libertad de expresión en redes sociales y la proporcionalidad de algunas penas mínimas, señaladas como “infladas” por juristas como el magistrado Alejandro Vargas.
El respaldo no se limitó a instituciones. Juristas de renombre también expresaron su aprobación. Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, celebró el fin de un sistema arcaico y saludó el salto hacia una justicia más actual.
El abogado Olivo Rodríguez Huertas lo llamó “una aspiración de décadas hecha realidad” y destacó su valor para la articulación entre el derecho penal sustantivo y el procesal.
Desde el periodismo jurídico, el director de El Día, José P. Monegro, recordó que el código anterior no era más que una traducción del napoleónico de 1810. “Hoy los abogados deben volver a las aulas. Hay muchas novedades”, apuntó. Otros profesionales como Ricardo Rojas León y Paul Maldonado coincidieron en que, aunque la ley no es perfecta, representa un paso firme hacia una justicia más coherente con la realidad del país.
En lo político, ADOCCO resaltó el papel de los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Ricardo De los Santos y Alfredo Pacheco, por su liderazgo en el proceso legislativo que permitió aprobar la ley. Según la entidad, su valentía y determinación fueron claves para que finalmente se concretara un proyecto que había pasado años estancado entre debates y objeciones.
Con esta ley, la República Dominicana apuesta a una justicia más moderna, firme y alineada con los estándares internacionales. La implementación no será automática ni exenta de retos, pero para muchos, el paso ya está dado: el país cuenta ahora con un Código Penal del siglo XXI.
