En el tratamiento de los casos judicializados se notan defensas abiertas y solapadas a los involucrados.
Los procesos contra representantes de la rentable industria del chantaje, constituyen un eslabón vital en la contención de un despreciable negocio que afecta la democracia y el ejercicio profesional de la comunicación.
Lo fundamental no es el insignificante personajillo de comportamiento teatral, sino lograr condenas que frenen a otros de similar oficio y a los voceros y propietarios de plataformas de más profundo calado.
En el tratamiento de los casos judicializados se notan defensas abiertas y solapadas a los involucrados, que evidencian el interés de mantener los esquemas de enriquecimiento. Algunos, muy hábiles, profieren críticas de forma a los que ya están en expedientes.
Lo más grave y perverso es querer confundir libre expresión de las ideas, derecho constitucional, con carta blanca para fusilar reputaciones sin un mínimo de evidencias. Que se defienda y aclare si se siente ofendido, pregonan irresponsablemente, cuando se le reclama un mínimo comportamiento ético.
Los atemorizados por la sistematización de las campañas pagan, convirtiéndose en reos permanentes de los delincuentes. Unos abren la cartera porque tienen asuntos que ocultar y otros ceden ante la posibilidad de escándalos que empañen su reputación, miedo de engrosar la descalificante lista, sello, de “persona cuestionada”.
En el caso de aspirantes presidenciales, funcionarios o políticos opositores, la industria de la extorsión, atrevida y sin miramientos, busca y logra altos beneficios. Algunos pagan para que en esos desaguaderos no les mencionen a favor ni en contra.
En este contexto el atiemposo (le escuché el término por primera al entrañable amigo y profesor Bonaparte Gautreaux) comunicado de la fiscal del Distrito Nacional ha molestado a personas cuyo bienestar económico depende de su capacidad de descrédito.
“Hemos iniciado investigaciones rigurosas para identificar patrones de conducta que puedan configurar esquemas de chantaje sistemático, aprovechamiento indebido de plataformas mediáticas, y uso instrumental del periodismo como herramienta de presión ilegítima”, reveló Rosalba Ramos y citó varios nombres.
Importante precisión: “Desde esta Procuraduría General de la República decimos con claridad: esto debe detenerse. No por censura, sino por decencia. No por temor, sino por convicción. Vamos a actuar dentro del marco de la ley, para proteger tanto la libertad de prensa como el derecho de cada ciudadano a no ser víctima de campañas difamatorias ni de presiones mediáticas encubiertas”.
Minutos después del comunicado, sujetos de la “industria” y algunos abogados cercanos a plataformas digitales comenzar a bombardear a la funcionaria. El negocio, primero. (Claro, esto dista mucho de que profesionales del derecho sin vinculación con la extorsión y la comunicación coprológica, encuentren en el texto elementos discutibles, desde el rigor técnico procesal).
La extorsión va más del interés monetario de un individuo o grupo y la víctima, sino que se refleja en la gestión de gobierno al condicionar la labor de un funcionario o la labor crítica de un político opositor.
Esa industria, que tiene antecedentes de menor hondura en medios tradicionales, también afecta el derecho a la información de los ciudadanos y genera desconfianza en el trabajo periodístico en general.
En gobiernos anteriores y al inicio de esta gestión los funcionarios eran exhortados a que no hicieran caso de las campañas infamantes, pero las difamaciones fueron tan extremas, que el presidente Luis Abinader se vio compelido a autorizar a servidores afectados a dirimir el tema en los tribunales.
La inteligencia artificial, herramienta tecnológica de apoyo científico y profesional ha servido a los malvados para hacer más lacerantes las tramas contra sus víctimas.
Insistamos en las diferencias entre libertad de expresión y “derecho” a la difamación y apoyemos el derecho a la defender la reputación en los tribunales.
Por Cristhian Jiménez