La menor fue traída ilegalmente desde México con identidad falsa
SANTO DOMINGO (República Dominicana).– Un tribunal del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva a Miguel Antonio Torres Hernández, alias Kevin León Wooden o Shaban Kuka, acusado de secuestrar a una niña en México y traerla ilegalmente a República Dominicana con una identidad falsa.
El Ministerio Público lo señala como responsable de retener a la menor cuando tenía apenas 11 meses, tras separarla de su madre biológica —una ciudadana colombiana— en Guadalajara, Jalisco. La niña, ahora de 4 años, vivía en el país bajo un nombre falso y sin documentos legales.
La captura de Torres Hernández fue posible gracias a la activación de una Alerta Amber internacional y la colaboración de la OIPC-Interpol, según informó la Procuraduría. Durante un allanamiento realizado el pasado 24 de julio, las autoridades rescataron a la niña junto a otros dos menores en condiciones de abandono en una vivienda de Santo Domingo.
En el caso también está implicada Viviana Villarreal Cambero, quien figura como madre de la niña en documentos falsificados. La justicia le impuso una garantía económica de RD$800,000, impedimento de salida y presentación periódica. Según la investigación, Villarreal Cambero participó activamente en el ocultamiento y cuidado de la menor bajo identidad falsa.
La madre biológica había denunciado el secuestro desde hace años ante las autoridades mexicanas, lo que derivó en una orden de captura internacional. Finalmente, la identidad de la niña fue confirmada por el registro civil colombiano, y su madre recuperó la custodia legal.
La acusación, presentada por la procuradora Shirley Aurich y el fiscal José Ramón Martínez, fue acogida por la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente. Torres Hernández deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres (CCR-17).
Ambos imputados enfrentan cargos por violación de múltiples leyes, incluyendo la Ley 136-03 sobre protección de la niñez, la Ley 137-03 sobre trata de personas, la Ley contra el lavado de activos y varios artículos del Código Penal dominicano.
El caso sigue bajo investigación y el Ministerio Público asegura que habrá más diligencias para establecer la magnitud de los hechos.