La decisión afectaba a hondureños, nicas y nepalíes
Una decisión judicial en Estados Unidos ha dado un respiro a miles de migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal. Un tribunal federal en California suspendió la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que el gobierno de Donald Trump buscaba revocar, dejando en el limbo a unos 60,000 beneficiarios que enfrentaban el riesgo inminente de deportación.
El fallo detiene, por ahora, la aplicación de la medida que habría obligado a estos migrantes a abandonar el país en los próximos meses, pese a que muchos llevan décadas viviendo y trabajando en territorio estadounidense bajo un estatus migratorio legal, reseña Europa Press.
La administración Trump había argumentado, a través de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que las condiciones en los países de origen ya no justificaban mantener el TPS. Sin embargo, la corte consideró que existen elementos suficientes para suspender la decisión mientras se revisa el caso a fondo. La medida fue bloqueada a tan solo días de que comenzara a aplicarse.
Los más afectados eran unos 51,000 hondureños, que llevan más de 25 años bajo esta figura migratoria, además de 3,000 nicaragüenses y 7,000 ciudadanos de Nepal. Para los nepalíes, el TPS vencía el 5 de agosto; en el caso de hondureños y nicaragüenses, el estatus expiraba el 8 de septiembre.
La reacción desde Honduras no se hizo esperar. La presidenta Xiomara Castro celebró la suspensión y anunció que su gobierno seguirá respaldando a los connacionales. “Mi equipo de Gobierno acompañará de forma total, constante y firme la defensa de sus derechos, reconociendo al mismo tiempo los esfuerzos de sus organizaciones y su extraordinaria, sensible e incansable lucha”, expresó a través de la red X (antes Twitter).
Pese a esta victoria temporal, la política migratoria sigue siendo un campo de batalla. La administración Trump mantiene su presión para eliminar protecciones como el TPS y reactivar deportaciones masivas.
En los últimos meses, el gobierno estadounidense ha retirado ese beneficio a unos 500,000 haitianos y 350,000 venezolanos, y las decisiones han alcanzado también a migrantes afganos y cameruneses.
La lucha por el TPS no solo es legal, sino profundamente humana. Quienes lo portan han formado familias, trabajan, pagan impuestos y son parte activa de comunidades en todo el país. Muchos no tienen ya vínculos reales con sus países de origen, que siguen sumidos en la pobreza, la violencia o las secuelas de desastres naturales.
Por ahora, el fallo judicial brinda una pausa, pero la incertidumbre no se disipa. La historia migratoria en Estados Unidos sigue marcada por vaivenes legales y políticos, donde miles de vidas dependen, literalmente, de una firma o una sentencia.
