La institución desmiente un supuesto pago de RD$25 MM y aclara que el proceso sigue abierto.
SANTO DOMINGO. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) ha salido al paso de una ola de rumores. La institución desmintió de forma categórica la información que circula en medios y redes sociales sobre un supuesto pago de 25 millones de pesos para la contratación de servicios legales.
A través de un comunicado, el INTRANT calificó la noticia como "totalmente falsa", reafirmando su compromiso con la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos.
El organismo regulador del tránsito y el transporte en el país aclaró que, si bien está en marcha un proceso para contratar asesoría legal, no se ha realizado ningún desembolso de dinero.
La entidad precisó que el proceso de compras, identificado con la referencia INTRANT-CCC-PEOR-2025-0002, busca la contratación de las firmas CURY & CURY, S.R.L. y ETC & Asociados, S.A.S., para un periodo de un año.
El comunicado subraya que este procedimiento se está llevando a cabo conforme a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas. Es un proceso que, según el INTRANT, aún no ha sido adjudicado. Esto significa que todavía no se ha firmado contrato ni se ha efectuado pago alguno.
La institución enfatizó que la contratación fue debidamente programada en su Plan Anual de Compras y Contrataciones 2025 y publicada de manera transparente en los portales oficiales, como lo exige la ley.
El INTRANT también explicó que, una vez que el proceso de evaluación concluya y las firmas sean adjudicadas, los contratos se registrarán y solo entonces se empezarán a hacer pagos mensuales, que estarán condicionados a la prestación efectiva de los servicios. La duración del contrato, de 12 meses, se ajusta a las necesidades operativas de la entidad.
La necesidad de esta contratación, según el instituto, responde a la urgencia de fortalecer su capacidad jurídica. El objetivo es poder agilizar los trámites administrativos, brindar soporte técnico a la creación de normativas y reglamentos, y garantizar una defensa legal sólida en los tribunales del país. La intención es clara: salvaguardar los intereses del Estado dominicano en un sector tan complejo y sensible como el tránsito y el transporte.
