Organizaciones civiles piden al presidente Abinader vetar el proyecto
Santo Domingo. – Treinta y dos organizaciones sociales, feministas, académicas y sindicales han hecho un llamado directo al presidente Luis Abinader: no permita que el nuevo Código Penal dominicano entre en vigor tal como fue aprobado por el Congreso. El documento, aseguran, representa una amenaza seria contra los derechos humanos y contraviene compromisos internacionales asumidos por el país.
La carta enviada al mandatario no escatima en argumentos ni en preocupaciones. El texto cuestiona duramente artículos que, según las organizaciones firmantes, abrirían la puerta a la persecución política, debilitarían la protección de víctimas de violencia sexual y de menores, criminalizarían a profesionales de la salud por asistir abortos en situaciones extremas y dejarían sin resguardo legal a personas discriminadas por orientación sexual o identidad de género.
Uno de los puntos más alarmantes está en el artículo 377, que sanciona el “espionaje” de forma vaga e imprecisa. La redacción ambigua —que no define claramente qué se entiende por "confidencialidad" o "intereses fundamentales de la Nación"— podría usarse para criminalizar a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. La pena: de 20 a 30 años de prisión.
En otro frente, el artículo 141 establece plazos de prescripción para delitos sexuales cometidos contra personas adultas, lo que rompe con el principio de imprescriptibilidad ya vigente en el país. Más grave aún, se minimiza la gravedad de la violación dentro de la pareja, a pesar de que la legislación internacional ha insistido en que ninguna forma de violencia sexual debe ser tolerada.
También hay preocupación por el tratamiento que el nuevo Código da a la violencia contra niños y adolescentes. En el artículo 124, el texto permite castigos “leves” por parte de padres o tutores, algo que choca con la prohibición legal actual de cualquier castigo físico, por leve que sea. Esta omisión, argumentan las organizaciones, abre espacio a la normalización de prácticas violentas bajo el pretexto de “disciplina”.
Los artículos 109 al 112, que regulan los derechos sexuales y reproductivos, mantienen una penalización absoluta del aborto, sin excepciones. Esto, pese a que organismos internacionales han reiterado que se debe permitir la interrupción del embarazo cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer, cuando el feto no es viable o cuando el embarazo es producto de violación o incesto. La ley, tal como está, podría llevar a la cárcel a médicos, enfermeras y parteras que actúen en defensa de la vida.
El artículo 173, por su parte, excluye expresamente de la protección penal contra la discriminación a personas LGBTIQ+. Para las organizaciones firmantes, esta exclusión es inadmisible y contraria tanto a la Constitución como a tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos.
Frente a este panorama, las organizaciones piden al presidente que ejerza su facultad constitucional para observar la ley y devolverla al Congreso. Insisten en que el país merece un Código Penal moderno, justo y respetuoso de los derechos humanos. Aseguran que un código construido sobre la base del respeto y la inclusión sería un legado positivo para generaciones presentes y futuras.
La pelota está ahora en la cancha de Abinader. Su decisión marcará no solo el rumbo de la política interna, sino también la imagen internacional del país en materia de derechos fundamentales.
