Auditorías dejan 28 extranjeros detenidos en 10 establecimientos
La Dirección General de Migración (DGM) volvió a dejar claro que su política de control fronterizo y vigilancia en territorio nacional sigue firme. Esta vez, el foco fueron negocios del Gran Santo Domingo, donde inspectores y agentes realizaron operativos simultáneos en busca de extranjeros sin documentación legal. El resultado: 28 personas detenidas y una advertencia directa a quienes emplean mano de obra irregular.
Los operativos, realizados en 10 establecimientos, abarcaron tiendas, ferreterías, plazas comerciales y puntos de venta de alimentos. Entre los lugares intervenidos figuran Plaza La Cerámica, donde fueron detenidos 9 indocumentados; Tienda Alibaby, con 6; Lechonera El Buen Sabor, con 5; Plaza Jacobo, con 4, y Ferretería Tropical, entre otros.
Los inspectores actuaron bajo las atribuciones que les otorga la Ley 285-04, que rige el control migratorio en el país. Las inspecciones fueron coordinadas por las direcciones de Control Migratorio, Inteligencia y el Departamento Jurídico de la DGM, con apoyo de unidades militares y agentes de la Policía Nacional.
Según explicó la institución, todas las acciones se llevaron a cabo respetando el debido proceso y con estricto apego a los procedimientos legales.
Los encargados de los negocios, por su parte, colaboraron con las autoridades, permitiendo el acceso a sus instalaciones y aportando información del personal extranjero. Según reportes oficiales, no se registraron incidentes durante los operativos.
Este tipo de acciones responde, según Migración, al cúmulo de denuncias ciudadanas que alertan sobre el uso extendido de mano de obra foránea sin regularización, lo que no solo viola las leyes migratorias, sino que también abre la puerta a abusos laborales, evasión fiscal y falta de protección para los propios trabajadores.
La DGM dejó claro que los operativos continuarán de forma aleatoria en todo el país. La institución ve en estas auditorías una herramienta clave dentro de su plan estratégico para frenar la informalidad migratoria, enfrentar el tráfico de personas y preservar el orden público.
“Estamos haciendo cumplir la ley. Lo que buscamos es que el empleo en el país se dé bajo las reglas establecidas, sin ventajas ni discriminación, pero con responsabilidad”, expresó una fuente vinculada a los operativos.
En paralelo a estas medidas, se ha iniciado un proceso de cruce de datos y seguimiento a los establecimientos intervenidos. Dependiendo de los hallazgos, podrían aplicarse sanciones a los propietarios que incumplan las normas migratorias o contraten personal sin verificar su estatus legal.
