Legisladores impugnan la obstrucción de acceso a centros federales de detención de inmigrantes.
WASHINGTON, D.C. – Un grupo de congresistas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha dado un paso audaz al demandar a la administración Trump-Vance. La acción legal busca impugnar lo que califican como una obstrucción ilegal a la supervisión del Congreso en los centros federales de detención de inmigrantes, donde tanto ciudadanos como no ciudadanos han sido retenidos sin el debido proceso.
La demanda surge a raíz de una nueva política implementada por el gobierno que, según los legisladores, impide el acceso a información crucial para cumplir con su deber constitucional.
Esta política impone un periodo de espera de siete días y prohíbe el acceso a las oficinas locales donde se encuentran las personas detenidas, a pesar de una ley federal que prohíbe tales restricciones.
Los congresistas argumentan que esta medida obstaculiza su capacidad para garantizar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cumpla con la ley federal y supervise el gasto de miles de millones de dólares de los contribuyentes.
La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, exige que la administración acate una ley federal que garantiza a los miembros del Congreso el derecho a realizar visitas de supervisión sin previo aviso a cualquier instalación del DHS y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) donde se detenga a no ciudadanos.
Un frente unido en defensa de la supervisión
Entre los demandantes se encuentran figuras prominentes del Congreso, lo que subraya la seriedad del desafío legal. La lista incluye al líder demócrata asistente Joe Neguse; el presidente del Caucus Hispano del Congreso, el representante Adriano Espaillat; el miembro de mayor rango del Comité de Seguridad Nacional, el representante Bennie G. Thompson; el miembro de mayor rango del Comité Judicial
Tambien, el representante Jamie Raskin; y el miembro de mayor rango del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, el representante Robert García. También participan el representante J. Luis Correa, Jason Crow, Verónica Escobar, Dan Goldman, Jimmy Gómez, Raúl Ruiz y Norma Torres.
Los líderes del Congreso cuentan con la representación legal de Democracy Forward Foundation y American Oversight, dos organizaciones dedicadas a la defensa de la democracia y la transparencia gubernamental.
La urgencia de esta supervisión es palpable. El gobierno detiene a más personas que nunca, superando las 58,000, mientras aumentan los informes de malos tratos, hacinamiento, condiciones insalubres y la detención de ciudadanos estadounidenses.
Once personas han muerto bajo custodia migratoria en los primeros seis meses de esta administración, una cifra alarmante. Los recientes despidos masivos del personal de supervisión interna del DHS solo acentúan la preocupación por posibles abusos.
Voces que exigen rendición de cuentas
El representante Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso, fue contundente en sus declaraciones: "La obstrucción de la supervisión del Congreso no es solo una afrenta a la Constitución, sino una amenaza para nuestra democracia. Desde el primer día, hemos sido testigos de los esfuerzos sistemáticos de la administración Trump para deshumanizar a los inmigrantes, detener a decenas de miles, incluidos ciudadanos estadounidenses, y utilizar a las agencias federales como arma para llevar a cabo una agenda de deportación masiva arraigada en la crueldad y el caos". Espaillat prometió que no se quedarán "de brazos cruzados mientras se pisotean el debido proceso, la dignidad humana y la transparencia".
El asistente del líder demócrata Joe Neguse añadió: "Impedir que los miembros del Congreso realicen visitas de supervisión a las instalaciones del ICE que albergan o detienen a inmigrantes viola claramente la ley federal, y la administración Trump lo sabe. Tal flagrante desprecio por la ley y el orden constitucional por parte de la administración Trump amerita una respuesta seria y decisiva".
Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, enfatizó que "cuando la administración cierra las puertas a la supervisión, excluye al pueblo estadounidense". Por su parte, Chioma Chukwu, directora ejecutiva de American Oversight, denunció que la obstrucción del ICE "no solo es ilegal, sino un intento descarado de proteger los abusos del escrutinio".
El caso, titulado Joe Neguse et al. contra US Immigration and Customs Enforcement et al., promete ser un pulso legal significativo en la defensa de los derechos humanos y la supervisión democrática.
