Le imputan ataques sin pruebas contra Faride Raful en redes sociales
Santo Domingo.- El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional impuso medidas de coerción contra la creadora de contenido Ingrid Altagracia Jorge Pérez, tras ser acusada de difamación e injuria a través de plataformas digitales. La jueza Yanibet Rivas acogió la solicitud del Ministerio Público, que presentó un expediente respaldado por pruebas testimoniales, documentales, audiovisuales y periciales.
Las medidas incluyen una garantía económica de 200 mil pesos, presentación periódica ante la justicia y prohibición de salida del país.
La acusación parte de publicaciones reiteradas realizadas por Jorge, en las que, según la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), arremetió públicamente contra la ministra de Interior y Policía, Faride Raful. El Ministerio Público sostiene que la imputada utilizó distintos espacios en medios digitales para lanzar acusaciones graves sin ninguna evidencia.
Uno de los episodios citados en el expediente ocurrió durante un programa transmitido en vivo y luego difundido en Instagram, donde Jorge señaló a Raful de tener vínculos con actividades delictivas, sin presentar pruebas que sustentaran sus afirmaciones.
El Ministerio Público recopiló evidencia durante la investigación, incluyendo análisis técnicos y peritajes en video, que —según el expediente— respaldan la imputación. A partir de esto, la conducta de Jorge fue tipificada como una presunta violación a los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sanciona la difamación e injuria cometidas por medios electrónicos. También se le atribuye violación al artículo 367 del Código Penal Dominicano, que regula la difamación pública.
La fiscalía argumenta que hubo una intención clara de dañar la imagen pública y personal de la funcionaria. Aunque la defensa de Jorge no ha emitido una declaración formal, se espera que en las próximas audiencias se presente su postura ante las acusaciones.
Por ahora, la creadora de contenido deberá cumplir con las condiciones impuestas por el tribunal mientras avanza el proceso. El caso ha generado amplio debate en redes sociales sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad legal en el uso de plataformas digitales.
