El Ministerio Público rastrea si hay estructura organizada para campañas de descrédito
Santo Domingo.- La Fiscalía del Distrito Nacional está tras la pista de algo más grande que simples ataques personales en redes sociales. Según anunció la fiscal Rosalba Ramos, el Ministerio Público ha iniciado una investigación formal contra varios comunicadores por el presunto uso sistemático de plataformas digitales para desacreditar a ciudadanos, en lo que ella califica como una “industria del descrédito”.
El objetivo de la investigación es claro: identificar si existe una estructura organizada que opera en las sombras para lanzar campañas de difamación, con posibles motivaciones políticas o económicas. Ramos fue contundente al afirmar que no se trata de un intento de censura, sino de actuar por principios. “No permitiremos que la libertad de expresión se pervierta hasta convertirse en un mecanismo de manipulación o amenaza”, dijo la fiscal en un comunicado.
Según explicó, el Ministerio Público analiza patrones de conducta que podrían revelar un esquema más amplio: chantajes, presión mediática, campañas orquestadas y uso intencional de plataformas para dañar reputaciones. Para Ramos, estas acciones ponen en riesgo no solo a las personas señaladas, sino también la confianza pública y la calidad del debate democrático.
Mientras que la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, también alzó la voz. Recalcó que las acciones legales que ha iniciado por difamación contra los creadores de contenido Ingrid Jorge y Ángel Martínez no son un simple conflicto personal. Raful sostiene que hay señales de algo más estructurado: una red con recursos y objetivos claros que opera para desprestigiar figuras públicas.
“Esto no se trata solo de dos personas. Yo pienso que esto va a arrojar quiénes son los miembros de esa estructura, cómo ha funcionado, quiénes los han financiado, desde dónde han recibido financiamiento”, afirmó Raful durante una entrevista en el programa El Día.
La funcionaria dijo que decidió continuar el proceso judicial en lugar de optar por una conciliación porque quiere que se llegue al fondo del asunto. “Con la dignidad no se concilia”, sentenció.
Además, explicó que su interés no es castigar la crítica, sino desenmascarar si detrás de los ataques hay una operación planificada. “Lo importante de todo esto es que se diga realmente quiénes están detrás y quiénes financian”, dijo.
Tanto la Fiscalía como Raful insisten en que esta no es una cruzada contra la opinión libre ni contra los creadores de contenido como tal. El foco está puesto en detectar si hay un sistema montado para manipular la opinión pública y usar la desinformación como arma política. Si se confirma la existencia de esa estructura, aseguran, habrá consecuencias.
