Usaba una camioneta oficial para mover a 10 personas sin documentos
Un operativo militar realizado en Mao, provincia Valverde, dejó al descubierto una grave irregularidad: un empleado del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) fue sorprendido transportando a diez ciudadanos haitianos sin documentos migratorios, utilizando para ello una camioneta del Estado.
El detenido, identificado como Joely Rafael Ventura Mejía, trabaja como servidor público en la provincia de Dajabón. Al momento de la detención se encontraba acompañado por otro hombre, Francisco Alberto Mejía Salvador. Ambos viajaban en una Toyota Hilux blanca, placa X311059, propiedad del MOPC, cuando fueron interceptados por una patrulla del Ejército de República Dominicana.
La intervención ocurrió en plena carretera Desiderio Arias, justo cuando el vehículo intentaba evadir un punto de control militar en el municipio de Mao. Al revisar el interior, los militares encontraron a diez haitianos, entre ellos cuatro hombres, tres mujeres y tres menores de edad, todos en condición migratoria irregular.
Los extranjeros fueron llevados a la sede de la Cuarta Brigada de Infantería, donde las autoridades migratorias realizarán los trámites legales correspondientes. En tanto, los dos dominicanos quedaron bajo custodia y serán entregados al Ministerio Público para que enfrenten el proceso judicial.
Frente a lo sucedido, el Ministerio de Obras Públicas no tardó en reaccionar. A través de un comunicado, informó que ya se iniciaron los procedimientos administrativos para desvincular de inmediato a Ventura Mejía. Además, puso a disposición de las autoridades toda la información necesaria para colaborar con la investigación.
El MOPC fue enfático en rechazar cualquier acción que vaya en contra de las leyes, la ética pública o el uso correcto de los bienes del Estado. “Este acto es una decisión individual y no representa al Ministerio”, señaló la institución, subrayando su política de “tolerancia cero” frente a conductas irregulares de sus empleados.
El caso ha generado revuelo, no solo por tratarse de un funcionario público, sino por el uso de un vehículo oficial para facilitar el traslado de personas en situación irregular. Para muchos, este hecho pone sobre la mesa la necesidad de reforzar los controles internos en las instituciones del Estado, sobre todo en zonas fronterizas donde el tráfico de personas se ha convertido en una problemática constante.
Desde el MOPC reiteraron su compromiso con el cumplimiento de las leyes migratorias, la transparencia y la ética en el ejercicio del servicio público. “Cada servidor tiene la responsabilidad de actuar con integridad, sin importar su cargo”, expresaron, agregando que la confianza de la ciudadanía se honra con hechos, no con palabras.
Este caso ahora queda en manos del Ministerio Público, que deberá determinar el grado de responsabilidad de los implicados y si existen más personas involucradas en la red que facilitó este traslado irregular. Mientras tanto, el Ejército y los organismos de seguridad fronteriza aseguran que continuarán con los operativos para frenar el tráfico ilegal de migrantes, una tarea que, según advierten, no tiene margen para la negligencia.
