El creador de contenido no podrá salir del país y deberá pagar garantía económica
Santo Domingo. – Ángel Martínez, conocido creador de contenido en plataformas digitales, enfrentará medidas de coerción tras ser imputado por difamación e injuria en perjuicio de la actual Ministra de Interior y Policía, Faride Raful. El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le impuso una garantía económica de RD$500,000 bajo contrato, presentación periódica e impedimento de salida del país.
El proceso estuvo marcado por múltiples incidentes. Durante varias audiencias, la defensa de Martínez presentó recursos que retrasaron la decisión judicial, incluyendo una recusación al juez Raymundo Mejía que fue rechazada por la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Finalmente, el tribunal conoció el caso y dictó las medidas cautelares solicitadas parcialmente por el Ministerio Público.
El fiscal Merlin Mateo, representante de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), sustentó la acusación en los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07. Según su planteamiento, Martínez difundió contenidos digitales con afirmaciones falsas y sin sustento legal contra Raful, con la intención de dañar su reputación y desacreditarla públicamente.
Durante la audiencia más reciente, el comportamiento del imputado tensó aún más el proceso. Según la decisión judicial, Martínez incurrió en “delito de audiencia” al mantener una actitud irrespetuosa hacia el estrado, lo que llevó al tribunal a disponer su retención en el Centro de Privación de Libertad Provisional (Caplip), ubicado en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Además, el juez impuso una multa a uno de los abogados defensores por litigación temeraria.
El Ministerio Público había solicitado una fianza en efectivo de RD$2 millones, pero el juez Mejía optó por una suma menor, fijándola en RD$500,000, a ser gestionada mediante contrato con una compañía aseguradora. A esto se suma la obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal y la prohibición de salir del territorio nacional mientras dure el proceso judicial.
El caso ha captado la atención pública, no solo por la figura de Martínez y su presencia mediática en redes sociales, sino también por el hecho de que la víctima es una funcionaria de alto perfil que, además de su rol en el gabinete, cuenta con una trayectoria política y mediática destacada.
La acusación sostiene que los comentarios y publicaciones realizados por Martínez en plataformas digitales fueron deliberadamente difamatorios. Según el expediente presentado, no existen evidencias ni respaldo factual para las afirmaciones vertidas contra Raful, lo que, en términos legales, constituye un delito bajo la legislación dominicana en materia de tecnología y comunicación.
Este caso pone nuevamente en discusión el uso de medios electrónicos para realizar ataques personales y la responsabilidad legal que implica el manejo de plataformas digitales. Aunque la libertad de expresión es un derecho fundamental, los fiscales recuerdan que no puede ser utilizada como escudo para dañar la honra de terceros, sobre todo cuando hay una intención clara de perjudicar sin pruebas.
Por el momento, el proceso contra Ángel Martínez seguirá su curso con las medidas de coerción impuestas. El Ministerio Público continúa la recolección de pruebas para sustentar la acusación en juicio, mientras la defensa del imputado se prepara para intentar revertir la decisión en las próximas etapas del proceso judicial.
