Jueza de Bogotá responsabiliza penalmente al expresidente colombiano
La justicia colombiana acaba de dar un giro histórico. Este lunes, la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal, marcando así un momento decisivo en un caso que lleva más de una década rondando los tribunales.
Durante una extensa audiencia de más de seis horas en Bogotá, la jueza Heredia sostuvo que Uribe, a través de su abogado Diego Cadena, ofreció beneficios ilegales a reclusos con el fin de manipular declaraciones judiciales.
Uno de los principales testigos en este esquema fue el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, a quien se le habrían ofrecido ventajas a cambio de vincular al senador Iván Cepeda con supuestos nexos criminales.
La jueza también consideró probada la existencia de documentos falsos presentados ante la justicia, entre ellos uno firmado por el paramilitar Carlos Enrique Vélez, que fue utilizado con el propósito de abrir una investigación contra Cepeda. Ese documento se convirtió en la pieza clave para declarar a Uribe culpable de fraude procesal.
Aunque fue absuelto del cargo de soborno simple, la responsabilidad penal de Uribe quedó sellada, y la jueza fijó para el viernes 1 de agosto, a las 2:00 p.m., la audiencia de lectura de sentencia.
Por su parte, la fiscal Marlenne Orjuela pidió una pena de al menos 108 meses de prisión, es decir, más de nueve años. La defensa del exmandatario tiene cinco días para presentar una apelación.
Este proceso se remonta al año 2012, cuando el entonces senador Uribe denunció a Iván Cepeda por supuestamente presionar a internos para que declararan en su contra sobre su posible rol en el origen del paramilitarismo en Antioquia.
Sin embargo, con el tiempo y la presentación de pruebas, los papeles se invirtieron: Cepeda pasó de acusado a víctima, y Uribe, de denunciante a investigado.
EEUU denuncia “instrumentalización del poder judicial colombiano”
La sentencia ha desatado reacciones inmediatas. El senador estadounidense Marco Rubio denunció una supuesta “instrumentalización del poder judicial colombiano” por parte de “jueces radicales”, calificando la condena como una represalia política. “El único delito de Uribe ha sido defender su patria”, sostuvo.
En respuesta, la canciller colombiana Rosa Yolanda Villavicencio rechazó la intervención de Rubio, tildándola de una clara intromisión extranjera. “La justicia colombiana es soberana y merece respeto”, afirmó.
El presidente Gustavo Petro respaldó la posición de la canciller y subrayó que proteger a los jueces es deber del Estado: “En democracia, los jueces no se presionan, se protegen”.
Mientras tanto, el partido Centro Democrático, fundado por Uribe, calificó el fallo como una venganza política. La senadora Paloma Valencia, precandidata presidencial, afirmó que el presidente Petro “le tiene miedo a Uribe”.
La tensión crece, y los jueces lo saben. La Corporación de Jueces y Magistrados pidió al Gobierno reforzar la seguridad de sus miembros, especialmente la de la jueza Heredia. Con datos de Europa Press
