Daniel Abreu incumplió su condena y volvió a delinquir; ahora enfrenta cárcel.
La Fiscalía de La Vega ha pedido al juez de Ejecución de la Pena que revoque la suspensión condicional de la sentencia de tres años que pesa sobre Daniel Abreu, condenado por narcotráfico y porte ilegal de armas. La solicitud surge tras comprobarse que Abreu no cumplió con los requisitos impuestos por el tribunal y, peor aún, volvió a caer en actividades delictivas.
El Ministerio Público no solo apunta al incumplimiento de la sentencia original, sino a una reincidencia que agrava la situación. Según la acusación, Abreu fue arrestado nuevamente el pasado 11 de abril por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en posesión de sustancias controladas y un arma de fuego sin documentos legales.
Pero la historia no terminó ahí. Mientras se encontraba detenido en el destacamento de Jarabacoa, Abreu logró escapar, evadiendo momentáneamente a la justicia. No fue sino hasta el 9 de julio que volvió a ser capturado. Desde entonces, cumple prisión preventiva por orden de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Jarabacoa.
La Fiscalía sostiene que la conducta de Abreu demuestra un patrón de desafío a la ley y a las decisiones judiciales. Por eso, amparándose en el artículo 341 del Código Procesal Penal, ha solicitado que se le revoque el beneficio de la pena suspendida y se ejecute la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito.
La sentencia que originalmente le fue impuesta (número 970-2023-SSEN-00108) incluía el pago de una multa equivalente a 25 salarios mínimos del sector público y la realización de trabajos comunitarios. Ninguna de estas condiciones fue cumplida, lo que según el Ministerio Público evidencia un claro desprecio por la oportunidad que el sistema judicial le otorgó.
“La reincidencia de Abreu no es un desliz. Es una señal de que la suspensión condicional fue mal aprovechada y que, en lugar de rehabilitarse, optó por continuar delinquiendo”, señala el expediente depositado por la Fiscalía.
La petición de revocar la suspensión no es un simple trámite. Representa, según la Procuraduría, una respuesta firme ante quienes usan la indulgencia judicial como vía libre para seguir vulnerando la ley.
La Fiscalía reiteró que su compromiso sigue siendo la aplicación efectiva de las sentencias y la defensa de la seguridad ciudadana. “No se puede permitir que quienes reciben una segunda oportunidad terminen burlando al sistema”, enfatizó.
Con esta solicitud, el Ministerio Público busca no solo que se imponga la pena correspondiente, sino también enviar un mensaje claro: el respeto a la justicia no es negociable.
