Acusa a su exsocio de vender seis apartamentos sin su autorización y critica a fiscalía del Distrito Nacional
SANTO DOMINGO.– El empresario inmobiliario Luis Beltré está en pie de guerra. Afirma haber sido víctima de una estafa por parte de su exsocio, el ingeniero civil Ángel Carlos Schiffino Peralta, quien —según su denuncia— vendió seis apartamentos de su propiedad en el proyecto “Residencial Coco Beach”, en Bávaro, sin su consentimiento y se habría quedado con el dinero. El monto del presunto fraude, dice Beltré, supera los 142 millones de pesos.
De acuerdo a su relato, lo que empezó como una alianza de buena fe para levantar un edificio de 40 apartamentos terminó en una disputa amarga que hoy arrastra a compradores inocentes, a quienes asegura haber vendido legítimamente 14 unidades. Pero esos propietarios también han sido desalojados, denuncia, “en operativos ilegales y arbitrarios, como si estuviéramos en un estado de fuerza bruta”.
Beltré sostiene que el trato original con Schiffino era claro: 20 apartamentos para cada uno. Sin embargo, tras concluir la construcción, su socio habría vendido seis unidades que le pertenecían a él y desalojado al resto de los compradores de manera forzada. “Quiere quedarse con los 40 apartamentos, aunque yo fui quien puso la inversión”, afirmó.
Los apartamentos, ubicados en una de las zonas turísticas más codiciadas del país, están valorados entre 180 mil y 220 mil dólares cada uno. Solo las seis unidades que habrían sido vendidas sin autorización representarían un desfalco de entre 64 y 143 millones de pesos, dependiendo de la tasa de cambio.
El conflicto ya está en manos de la Fiscalía del Distrito Nacional, donde fue interpuesta una querella por estafa, abuso de confianza y asociación de malhechores. Pero según el abogado de Beltré, Blas Abreu, el proceso está estancado. “Llevamos cinco meses yendo a la Fiscalía sin lograr que avance. Hay un entramado que obstaculiza todo”, denunció.
Ante esta situación, Abreu pidió a la procuradora Yeni Berenice Reynoso que intervenga y ordene una investigación “seria e imparcial”. Según explicó, la parte demandante también solicitó al tribunal acceso a las 20 unidades correspondientes a Beltré, petición respaldada por los compradores que aseguran haber adquirido los inmuebles de buena fe.
El caso ha encendido las alarmas sobre la fragilidad de la seguridad jurídica en República Dominicana, especialmente en el sector inmobiliario turístico. “Estamos hablando de personas que vinieron a retirarse aquí, después de trabajar toda su vida en Estados Unidos y otros países. Ahora están siendo desalojadas como si fueran intrusos”, lamentó Beltré.
Y el ambiente se ha vuelto aún más tenso. Algunos compradores denunciaron que una intermediaria del proyecto, identificada como Ámbar Brito, les ha lanzado amenazas abiertas. “Nos dijo que no sabíamos con quién nos estábamos metiendo, que ellos tienen respaldo de las más altas instancias del poder”, contó uno de los afectados.
La querella está presentada, pero la incertidumbre pesa sobre los propietarios desalojados, el empresario afectado y la reputación de un sistema que, por ahora, no ha respondido.
