Advierten que la reforma amenaza la economía circular y excluye a las MiPymes
La modificación a la Ley 225-20 sobre residuos sólidos, aprobada en única lectura por el Senado y enviada al Poder Ejecutivo, ha puesto en alerta a sectores empresariales y medioambientales. La Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) denunció este lunes que el proyecto, tal como está redactado, no solo carece de fundamentos técnicos, sino que también amenaza la viabilidad de la economía circular en el país.
Durante un encuentro celebrado en la Torre AIRD, la presidenta interina de Ecored, Christy Luciano, expuso los puntos críticos de la reforma. La acompañaron representantes de entidades como Codopyme, Aneih, Adocem y Asonahores, que respaldan la preocupación por lo que consideran un paso en falso para la sostenibilidad y la competitividad.
Según Luciano, el texto aprobado abre la puerta a prácticas monopólicas, impone cargas tributarias sin estudios previos y castiga a las MiPymes con esquemas de contribución poco equitativos. “Se propone un modelo basado en ingresos brutos sin tomar en cuenta la cantidad de residuos que genera cada empresa ni sus esfuerzos por reciclar. Eso es penalizar a quien está haciendo las cosas bien”, afirmó.
Ecored señala que, de los más de 8 mil millones de pesos que se estima recaudar anualmente con esta ley, cerca de la mitad se destinaría a aumentar las tarifas que pagan los ayuntamientos a las empresas recolectoras. En contraste, actualmente estas empresas reciben menos de 3 mil millones. Para Ecored, el nuevo esquema económico carece de respaldo financiero realista.
Otro punto crítico: la inclusión de la Asociación de Gestores de Residuos en el Consejo del Fideicomiso DO Sostenible. Para Ecored, esto representa un evidente conflicto de interés. “Quienes administran los recursos no pueden ser los mismos que los reciben. Eso erosiona la transparencia y la confianza en el sistema”, advirtió Luciano.
La organización presentó un conjunto de propuestas concretas para corregir el rumbo:
- Que la contribución especial se calcule en función de ingresos netos, no brutos, y se base en estudios técnicos.
- Que los contratos con gestores de residuos tengan una vigencia limitada a cinco años, no diez.
- Que se apliquen mecanismos de licitación abiertos y competitivos.
- Que se cree un sistema de veeduría independiente, con representación de la academia, ONGs y el sector privado.
- Que se promueva activamente el reciclaje, la valorización y el aprovechamiento de residuos como parte de una visión industrial moderna.
- Que Codopyme tenga representación directa en el Consejo del Fideicomiso.
Ecored insiste en que el país necesita una ley sólida, técnica y justa, que fomente la competencia, evite concentraciones de poder y respalde a los actores que ya están trabajando por un modelo más sostenible.
“El objetivo no puede ser solo cobrar más, sino construir un sistema eficiente, justo y transparente. Esta ley, tal como está, va en la dirección contraria”, concluyó Luciano.
El documento espera ahora la decisión del Poder Ejecutivo. Ecored y sus aliados esperan que haya una revisión a fondo antes de su promulgación.
