La modificación de la Ley 225-20 ya fue aprobada por el Congreso
Santo Domingo. — La empresaria Circe Almánzar va contra la corriente, no está pidiendo lo imposible. Solo que se complete lo que ya está prácticamente hecho: la promulgación de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada por ambas cámaras del Congreso y ahora en manos del Poder Ejecutivo.
La dirigente empresarial y asesora en temas ambientales reconoció el trabajo político y técnico detrás del consenso logrado en el Congreso. Según ella, esta reforma responde a preocupaciones concretas del sector privado, sobre todo en lo referente al monto de las contribuciones anuales que deben pagar las empresas. “Lograr un equilibrio entre responsabilidad ambiental y sostenibilidad económica es clave, y este proyecto apunta en esa dirección”, afirmó.
Uno de los puntos que generaba mayor tensión era el uso obligatorio de porcentajes de residuos en materiales nuevos. El nuevo texto legal no impone cifras rígidas desde el inicio, sino que deja ese detalle a futuras normativas técnicas. Para Almánzar, eso es un movimiento inteligente. “Se evitó caer en imposiciones arbitrarias. Esas normativas deberán construirse de manera participativa, con criterios técnicos y de la mano del Ministerio de Medio Ambiente”, explicó.
También se refirió a las nuevas definiciones incluidas en la reforma sobre las plantas de valorización. Almánzar aclaró que las reglas sobre ubicación y distancia aplican solo a plantas dedicadas a la clasificación y separación de residuos urbanos o de manejo especial. Las plantas enfocadas en residuos prioritarios —como los electrónicos, plásticos o baterías— seguirán rigiéndose bajo la normativa vigente, sin cambios.
En otro punto que ha generado confusión, Almánzar fue clara: la recolección de residuos en los establecimientos sigue siendo competencia exclusiva de gestores autorizados, como los ayuntamientos. Esto no es una novedad, subrayó, sino una reafirmación de lo que ya establece la ley actual. “No se está inventando nada nuevo aquí. Lo importante es recordar que el sistema ya tiene reglas, y esta reforma las fortalece”, dijo.
Para Almánzar, lo que falta ahora es voluntad política. “Después de todo el trabajo técnico y legislativo, no hay razón para que esta ley siga esperando. Es momento de que el Poder Ejecutivo la promulgue y dé paso a una etapa más moderna y razonable en la gestión de residuos en el país”.
La reforma a la Ley 225-20 busca actualizar un marco legal que, aunque pionero, necesitaba ajustes para funcionar de forma más efectiva. El sector empresarial ya dio su visto bueno. El Congreso también. Ahora, solo falta que el Ejecutivo le dé luz verde.
