Bienes millonarios fueron registrados a nombre de terceros y empresas
El juicio por corrupción del caso Coral sigue desenredando una trama de poder, dinero y ocultamiento, esto según el Ministerio Público que dijo haber presentado nuevas pruebas que exponen cómo los implicados habrían manejado millones en propiedades y vehículos usando prestanombres, para ocultar su verdadero patrimonio.
En el banquillo de los acusados se mantienen figuras militares de alto rango y civiles cercanos, todos vinculados al expediente derivado de las operaciones Coral y Coral 5G. Durante la jornada, siete peritos ofrecieron detalles precisos sobre los bienes tasados que fueron adquiridos con fondos públicos, según la acusación.
Uno de los focos estuvo en tres lujosas residencias ubicadas en Colina del Oeste, una zona exclusiva del Distrito Nacional. Las propiedades —construidas por el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, el coronel Franklin Antonio Mata Flores y el capitán Boanerges Reyes Batista— alcanzan un valor conjunto de US$3.48 millones, según los avalúos presentados.
Pero las viviendas no figuran a nombre de ninguno de los tres. Fueron registradas bajo la empresa Unico Real State e Inversiones S.R.L., vinculada a Rossy Guzmán Sánchez, apodada La Pastora, quien ya ha sido señalada como pieza clave en el andamiaje de ocultamiento.
Otro bien bajo la lupa fue el proyecto agroindustrial Asociación Campesina Madre Tierra, tasado en US$3.85 millones. Con modernas naves avícolas y extensos cultivos, esta propiedad fue atribuida a Cáceres Silvestre, aunque, formalmente, aparece a nombre de terceros. Entre ellos, Elvin Rudys Martínez, quien ya confesó haber prestado su nombre, y la propia Guzmán Sánchez, quienes figuran como aparentes directivos de la asociación.
Además de los avalúos, el Ministerio Público presentó testimonios clave del pasado administrativo del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), durante la breve gestión de Greibby Cuello Coste, esposa del también acusado general Juan Carlos Torres Robiou.
Exfuncionarios de Conani declararon que Cuello Coste designó como gerente financiero al coronel Rafael Núñez de Aza, quien ya manejaba recursos en Cestur y Cusep. Pese a que la Contraloría General revocó esa designación, Cuello lo mantuvo como su enlace en el comité de compras de la institución, contradiciendo las normas de control interno.
La audiencia estuvo dirigida por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Por parte del Ministerio Público, participaron los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Harolin Lemos, Melvin Romero, Miguel Collado y Emmanuel Ramírez.
Hasta la fecha, el órgano acusador ha presentado 272 testigos y peritos, 755 documentos, 23 pruebas materiales y 120 informes técnicos, que apuntalan una acusación firme por corrupción administrativa, asociación de malhechores y lavado de activos.
El proceso continuará el martes 29 de julio a las 9:00 de la mañana, cuando se espera la presentación de nuevas evidencias que sigan desenmascarando el entramado que según el Ministerio Público, por años operó con dinero público al margen de la ley.
