Aquiles Jiménez fue detenido en Piantini con pertrechos sin autorización
SANTO DOMINGO.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este miércoles presentación periódica contra Aquiles Jiménez Fernández, tras ser arrestado en flagrante delito mientras portaba un chaleco antibalas de uso militar sin autorización legal.
El juez Rigoberto Sena ordenó que el imputado se presente el día 30 de cada mes ante el Ministerio Público, como parte de la medida de coerción dictada en su contra.
Según el expediente presentado por el fiscal José Martínez, adscrito al Departamento de Criminalidad y Delitos contra la Persona (Homicidios), el arresto se produjo la noche del pasado 22 de julio, alrededor de las 7:00 p.m., cuando agentes policiales interceptaron un vehículo sospechoso en la avenida Federico Geraldino, próximo a la calle Porfirio Herrera, en el sector Piantini del Distrito Nacional.
El automóvil, un BMW modelo 430 Xl, color negro, con placa oficial OC046001, llamó la atención de los agentes por su comportamiento irregular en la vía. Al intentar verificar la matrícula en el sistema policial, esta no arrojó ningún resultado, lo que motivó una revisión más detallada del vehículo.
Durante la inspección, Jiménez Fernández alegó que el carro había sido importado desde Miami por la empresa Dulce Auto Import Export, pero no presentó documentación válida que respaldara su versión.
En el asiento trasero del vehículo, los agentes encontraron un chaleco antibalas negro marca Point Blank, identificado con número de serie y código de barra, sin ninguna documentación que justificara su porte. También fue hallado un carnet vencido, emitido por una agencia auxiliar del Ministerio de Defensa, junto a otros objetos personales.
El Ministerio Público calificó los hechos como porte ilegal de pertrechos militares, en violación al artículo 70 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. Dicha legislación contempla penas de hasta 20 años de prisión y multas entre 100 y 200 salarios mínimos para quienes posean material militar sin autorización.
Aunque la medida de coerción fue moderada, el caso seguirá su curso en la justicia mientras se profundiza la investigación.
