Incluye reclamo millonario contra funcionarios por uso irregular de fondos
Santo Domingo. – El Tribunal Superior Administrativo (TSA) acaba de poner en marcha un proceso legal que pone en la mira al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) por presunto manejo irregular de fondos públicos. La demanda, presentada por el abogado Ángel Lockward, fue admitida a trámite mediante el Auto núm. 18002-2025, y va más allá de pedir la nulidad de una licitación: incluye una acusación directa contra varios funcionarios por daños patrimoniales millonarios al Estado.
La raíz del conflicto está en el uso de recursos para el proceso de licitación de las licencias de conducir. Según el expediente, el INTRANT habría movido fondos de una partida presupuestaria asignada originalmente al pago de servicios a la empresa DEKOLOR (Partida 2.2.8.7.06) para alimentar otra partida —la 2.29.1.01— destinada a la licitación, a la que el Congreso Nacional solo había aprobado RD$10 millones. Esta transferencia, supuestamente sin el aval correspondiente, es calificada como una desviación de poder con fines engañosos, tanto para el Congreso como para la ciudadanía.
El documento legal señala a varios altos funcionarios como responsables directos. Entre ellos están el director general de Presupuesto, José Rijo; el director del INTRANT, Milton Morrison; el titular de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel; y César Bobadilla.
La demanda incluye una acción de responsabilidad patrimonial con cifras específicas: RD$669,898,814.55; RD$7,000 millones; RD$100 millones; y RD$50 millones, respectivamente, como montos por los que se les reclama.
Una pieza clave en esta acusación es una autorización firmada el 23 de abril de 2025 por el propio director de Presupuesto. En ella se aprueba un traspaso de RD$1,400 millones para cubrir compromisos con DEKOLOR. Sin embargo, según los demandantes, esos fondos ya estaban aprobados desde el año anterior por la Presidencia, pero fueron omitidos intencionalmente por el director del INTRANT, pese a haber entregado un informe de buen desempeño en el primer trimestre.
En términos legales, el caso no está carente de respaldo. La sentencia TC/0264/22 del Tribunal Constitucional establece que omitir la ejecución de partidas incluidas en el Presupuesto General del Estado puede constituir una falta grave de responsabilidad patrimonial. Este punto fortalece la acusación contra los implicados.
Mientras tanto, el proceso de licitación en cuestión ya venía siendo cuestionado. El pliego de condiciones fue modificado varias veces y recibió múltiples objeciones de oferentes, incluyendo empresas internacionales, por considerar que vulneraba principios básicos como la igualdad y la transparencia. Al menos seis compañías decidieron retirarse del proceso por estas irregularidades.
Como parte de las medidas cautelares, el TSA programó una audiencia virtual para este miércoles a las 2:00 p.m., en la que se discutirá una solicitud de suspensión del proceso licitatorio. Además, el tribunal aceptó otra acción legal con carácter de urgencia: una Acción de Amparo de Cumplimiento, que será conocida este jueves a las 9:00 a.m. en la Segunda Sala del TSA.
