La organización reclama sanciones a legisladores que no presentaron su declaración jurada.
Participación Ciudadana no está dispuesta a dejar pasar el silencio ni la complicidad. La organización cívica acaba de lanzar una fuerte advertencia pública: los legisladores que no han presentado su declaración jurada de bienes deben ser investigados y sancionados conforme a la ley.
Según datos oficiales de la Cámara de Cuentas —obtenidos por Participación Ciudadana mediante solicitud formal— 20 diputados electos en 2024 y 78 que salieron ese mismo año no han cumplido con el requisito legal de presentar su declaración patrimonial, tal como lo establece la Ley 311-14.
Aunque todos los senadores en funciones han cumplido, siete exsenadores siguen en falta: Bautista Rojas, David Sosa, Iván Silva, José del Castillo, Lenín Valdez, Martín Nolasco y Ramón Pimentel. La organización publicó el listado completo de los omisos en su página web, junto con la certificación oficial emitida por la Cámara de Cuentas.
Entre los actuales diputados que aparecen en el listado figuran nombres conocidos como Sergio Moya, Kinsberly Taveras, Eugenio Cedeño, Melvin Lara, José Rodríguez, Carmen Morel, Carlos Gil, y Ángel Sánchez, entre otros.
También se incluyen miembros electos al PARLACEN, como Socorro Monegro, Ramón Gori, Rafael Chalas, Namibia Didiez, Ismael Reyes y Enmanuel Polanco. Incluso figura Pedro Corporán, aunque ya falleció.
Para Participación Ciudadana, el tema va más allá de simples omisiones. Se trata de un patrón de irresponsabilidad institucional y de impunidad política. La organización plantea que si los partidos no son capaces de sancionar internamente a quienes violan la ley, entonces el Ministerio Público debe intervenir.
“El régimen de consecuencias debe comenzar dentro de los propios partidos políticos. No puede ser que quienes legislan sobre transparencia y ética sean los primeros en desacatar la ley”, expresó el movimiento en un comunicado.
Citan específicamente el artículo 19 de la Ley 311-14, que manda al Ministerio Público a iniciar una investigación por presunción de enriquecimiento ilícito si un funcionario cesa en su cargo sin haber presentado su declaración de bienes. Esa cláusula no es decorativa, advierten: es un mandato que debe cumplirse.
La declaración jurada de patrimonio no es una formalidad: es una herramienta de control ciudadano frente a posibles casos de corrupción. Su incumplimiento, según Participación Ciudadana, mina la confianza pública y envía el mensaje de que los legisladores están por encima de la ley.
Finalmente, la organización hace un llamado directo a la ciudadanía: que recuerde estos nombres. Que no olvide quiénes violaron la norma, y que esa memoria se transforme en sanción social y castigo en las urnas.
“No se puede permitir que quienes deben dar el ejemplo de transparencia se conviertan en símbolos de opacidad”, concluyeron.
