El MP tendrá hasta octubre para concluir el caso que involucra a Hugo Beras y otros exfuncionarios del Intrant.
Santo Domingo.-Prórroga de cuatro meses para un caso que sigue creciendo. Eso fue lo que decidió la jueza Patricia Padilla del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, al acoger la solicitud del Ministerio Público para extender el plazo de investigación en el expediente “Operación Camaleón”, una trama que vincula a exfuncionarios del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) con delitos de corrupción y crimen organizado.
La nueva fecha límite para presentar acusación formal quedó fijada para el 8 de octubre de este año, tiempo que, según explicó el equipo fiscal, es indispensable para terminar de procesar pruebas tecnológicas y cerrar diligencias claves.
Entre los principales imputados en el caso están el exdirector del Intrant, Hugo Beras, y José Ángel Gómez Canaán (Jochi), dueño de la empresa Aurix S.A.S., señalados como parte de una red con múltiples tentáculos dentro de la administración pública.
La audiencia estuvo encabezada por el director de Persecución, Wilson Camacho, y la titular de la PEPCA, Mirna Ortiz, quienes estuvieron acompañados por los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Arolin Lemos y Miguel Collado.
Ortiz fue directa: “No se trata de negligencia, sino de un caso denso, con un gran volumen de evidencias técnicas que aún requieren peritajes especializados”.
En la sala, Ortiz insistió en que las investigaciones siguen abiertas y que no se descarta incluir nuevos nombres en el expediente. "Nuestras operaciones siempre dejan espacio a nuevas imputaciones según avanza el análisis", comentó a los periodistas al salir de la audiencia.
Además de Beras y Gómez Canaán, la lista de imputados incluye a Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director financiero; y Carlos José Peguero Vargas.
A todos se les atribuye participación en una estructura dedicada a desfalcar al Estado, falsificar documentos, coordinar estafas institucionales, contrabandear tecnología y cometer actos que rozan el sabotaje y el terrorismo digital. El expediente cita delitos como robo de identidad, coalición de funcionarios, comercio ilícito y lavado de activos.
La base legal es amplia: artículos claves del Código Penal, la Constitución dominicana, la Ley 53-07 sobre delitos tecnológicos, la Ley 17-19 sobre contrabando, la Ley 155-17 sobre lavado de activos, y la Ley 267-08 sobre terrorismo.
Aunque el Ministerio Público asegura estar cerca del cierre de la fase investigativa, lo cierto es que la Operación Camaleón sigue abierta, compleja y con más ramificaciones de lo que se pensaba al inicio. Habrá que esperar hasta octubre para ver si el expediente se convierte finalmente en acusación formal o si el caso continúa escalando.
