Denuncia proyecto transfiere funciones ajenas a las entidades financieras dominicanas
SANTO DOMINGO. — La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) ha encendido las alarmas frente al Proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, aprobado recientemente en primera lectura por la Cámara de Diputados. La entidad advierte que la legislación, lejos de ofrecer soluciones, podría distorsionar el equilibrio jurídico y económico del sistema financiero nacional.
En una carta dirigida al diputado Amado Díaz, presidente de la Comisión Especial que estudia la pieza legislativa, la ABA expresó su preocupación respecto a los artículos 15 y 16 del proyecto, que obligarían a las entidades financieras a recibir depósitos de garantía de contratos de alquiler, sin que existan atribuciones legales ni operativas para asumir tal responsabilidad.
“Esta disposición transforma una relación jurídica estrictamente privada en una operación bancaria sin precedentes legales. El manejo obligatorio de estas garantías por parte de los bancos altera su naturaleza jurídica y genera inseguridad para todas las partes involucradas”, alertó la presidenta de la ABA, Rosanna Ruiz.
El gremio objeta que los bancos no solo deberían recibir las garantías, sino además entregarlas “sin más trámite”, sin que exista claridad sobre los criterios legales para verificar el cumplimiento del contrato entre arrendador e inquilino. Esto, según la misiva, coloca al sistema financiero en una posición vulnerable y sin facultades para resolver disputas contractuales.
Riesgo de distorsiones económicas y jurídicas en el sistema bancario
Otro punto crítico señalado es la obligatoriedad de notificar los contratos de alquiler al órgano supervisor bancario, una medida que la ABA califica como “una carga operativa sin precedentes” para las entidades del sector.
La implementación de esta disposición requeriría inversiones sustanciales en tecnología, capacitación especializada y la creación de sistemas diferenciados para la gestión de depósitos clasificados como garantías de alquiler.
La asociación también advirtió sobre el riesgo de que esta ley convierta a las instituciones bancarias en entes similares al sistema de embargos, en el que muchas veces se actúa sin control judicial, generando abusos e inseguridad jurídica.
Además, advirtió que la propuesta legislativa introduce restricciones a la libertad de contratación y a la libertad de empresa, consagradas en el artículo 50 de la Constitución Dominicana, lo que podría afectar negativamente la inversión inmobiliaria y desincentivar mecanismos financieros como los fondos cerrados de inversión.
La ABA reiteró su disposición a colaborar con el Congreso Nacional para lograr un texto legal más equilibrado y funcional, que respete el marco jurídico vigente y no distorsione los roles del sistema financiero.
“Las buenas intenciones deben traducirse en legislaciones viables, no en medidas que ahoguen sectores clave ni que generen inseguridad legal. El sector financiero está dispuesto a cooperar, pero no puede asumir responsabilidades que exceden su naturaleza y estructura”, concluyó la misiva.
