Incertidumbre en permisos urbanísticos pone en pausa más de 70 proyectos
Santo Domingo.- Por estos días, en el mundo de la inversión inmobiliaria y turística en República Dominicana, el ambiente está cargado de frustración. Representantes del sector han alzado la voz con fuerza: más de 70 proyectos están paralizados por una maraña legal que, según ellos, no solo frena la economía, sino que amenaza con espantar futuras inversiones.
La raíz del problema está en la aplicación —o más bien, en la falta de aplicación clara— de la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. Esta normativa, aprobada en 2022, pretendía ser un paso decisivo hacia un desarrollo urbano más coherente. Pero dos años después, su implementación ha generado más preguntas que respuestas.
“Estamos en una especie de limbo normativo. No sabemos con certeza quién tiene la última palabra”, comenta un reconocido promotor turístico con proyectos en el Este del país, que prefirió no dar su nombre. “Esto genera un ambiente de inseguridad jurídica incompatible con la atracción de inversión”.
Uno de los puntos más controversiales es el artículo 24 de la ley, que otorga a los distritos municipales con más de 15 mil habitantes la facultad de manejar su planificación territorial. En teoría, una descentralización lógica. En la práctica, una puerta abierta a contradicciones entre los ayuntamientos y el gobierno central.
Desde la entrada en vigencia de la ley, varios permisos que deberían gestionarse a través de las juntas municipales han sido congelados, rechazados o ignorados por otros entes del Estado, según denuncian los empresarios. Las decisiones del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo han sido señaladas como parte del problema.
“El caos es real”, afirma un representante de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Este. “No se puede operar si las reglas del juego cambian cada semana y si las competencias legales de los gobiernos locales se desconocen arbitrariamente”.
La situación tiene efectos concretos. Punta Cana, Miches, Samaná y otras zonas con fuerte vocación turística ven frenadas inversiones que estaban listas para arrancar. Esto implica posibles despidos, pérdida de dinamismo económico y una señal preocupante para inversionistas extranjeros que miran con lupa la estabilidad del país.
Los empresarios están pidiendo al presidente Luis Abinader que intervenga personalmente para encauzar el tema. “No se trata solo de destrabar permisos, sino de restablecer la coherencia institucional. Si el Estado no cumple sus propias leyes, ¿qué mensaje se envía al mundo?”, advierte otro de los consultados.
El mensaje del sector privado es directo: sin seguridad jurídica, no hay confianza; sin confianza, no hay inversión. Y sin inversión, la economía —especialmente la que gira en torno al turismo— empieza a tambalearse.
