El Ministerio Público concluyó la presentación de su solicitud de medida de coerción en la Operación Lobo
SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público concluyó este lunes la presentación formal de su solicitud de medida de coerción en contra de una red de militares y civiles implicados en esquemas de sobornos y corrupción administrativa, desmantelada mediante la Operación Lobo.
Al finalizar la audiencia, la procuradora de corte Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), fue contundente: “Aquí están sobornados y sobornantes; esperamos la respuesta del sistema de justicia”.
La funcionaria enfatizó que, a diferencia de procesos anteriores, en este caso se ha logrado identificar claramente ambas partes de la estructura criminal.
Supuesta mafia afectó sectores clave del estado dominicano
El equipo de fiscales, encabezado por Wilson Camacho, procurador adjunto y director de Persecución del Ministerio Público, solicitó prisión preventiva para todos los imputados y que el caso sea declarado complejo, dada la magnitud de los delitos.
Los encartados, entre ellos altos oficiales retirados y activos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y empresarios, están acusados de utilizar mecanismos fraudulentos para obtener y mantener contratos públicos, en especial con instituciones del área de seguridad.
La red habría generado perjuicios económicos a entidades como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Seguro Nacional de Salud (SENASA) y las empresas eléctricas EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
Entre los señalados figuran:
- Mayor general retirado Carlos Ambrosio Robles Díaz
- Coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez
- Coronel de la FARD Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar
- Primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos
- Coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz
- Empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González
- Civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal
Fiscales acusan por lavado, estafa, asociación y corrupción pública
La acusación incluye soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, basándose en los artículos 177 al 180, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, así como el artículo 146 de la Constitución, que prohíbe expresamente la corrupción administrativa.
También se invoca la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, especialmente sus artículos 3, 4 y 9, que tipifican como delito el uso de recursos ilícitos provenientes de actos contra la administración pública.
La audiencia fue recesada por el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, y continuará este martes 15 de julio a las 2:00 p.m.
El Ministerio Público ha reiterado que esta operación es parte de un esfuerzo sistemático para erradicar la impunidad, y ha instado a la judicatura a que responda con firmeza a la gravedad del caso.
