Los líderes criminales enfrentan bloqueos de bienes y veto de entrada a Europa
La Unión Europea ha decidido mantener y reforzar su régimen de sanciones contra Haití, en respuesta al deterioro continuo de la seguridad y a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por bandas armadas. En una decisión adoptada este martes, los 27 Estados miembros acordaron extender las sanciones hasta julio de 2026 y sumar tres nombres clave a su lista negra.
Los nuevos sancionados son Micanor Altès, líder de la banda Wharf Jérémie; Christ-Roi Chéry, cabecilla de Ti Bwa; y Jeff Larose, jefe de Canaan, tres de los grupos más violentos que operan en Haití. Según el Consejo de la UE, estos individuos están implicados directamente en reclutamiento forzado de menores, asesinatos, secuestros y violencia sexual y de género.
Además de la condena simbólica, las medidas son concretas: congelación de bienes y prohibición de entrada al territorio de la UE. Esta es la fórmula habitual de las sanciones europeas, con la que se busca restringir el margen de maniobra internacional de quienes atentan contra la paz y estabilidad de países en crisis.
“La situación en Haití sigue siendo alarmante. Estas sanciones son una respuesta firme ante asesinatos masivos, violencia sexual y el uso de niños como combatientes”, declaró Kaja Kallas, Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Kallas insistió en que el país necesita con urgencia un respaldo internacional sostenido.
Las bandas armadas han tomado un rol cada vez más dominante en la vida haitiana, sobre todo en Puerto Príncipe y otras zonas urbanas. La falta de instituciones fuertes, la corrupción y el colapso del orden judicial han permitido que estos grupos actúen con casi total impunidad, instaurando regímenes de terror en comunidades enteras.
El plan de sanciones de la UE fue activado originalmente en 2022 como parte de una estrategia internacional más amplia para contener la escalada de violencia en el país caribeño. La ampliación de la lista negra refleja el fracaso de los esfuerzos locales para desarticular estas redes y la urgencia de acciones coordinadas desde fuera.
Con esta decisión, la Unión Europea reafirma su postura de tolerancia cero ante los actores que perpetúan el caos en Haití, en línea con las acciones del Consejo de Seguridad de la ONU y otras instancias internacionales. Las sanciones no resuelven la crisis por sí solas, pero sí marcan una línea política clara: no habrá impunidad para quienes convierten la violencia en método de poder.
