El presidente Luis Abinader destaca más de 8,000 servidores capacitados contra malas prácticas y sobornos
SANTO DOMINGO. — La administración del presidente Luis Abinader ha marcado un hito en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana, recuperando más de RD$6,500 millones del patrimonio público y manteniendo bajo investigación más de RD$130,000 millones en casos activos.
Estos logros fueron presentados por el mandatario este lunes como parte de un régimen de consecuencias sin precedentes, que promete sanciones a toda persona vinculada a hechos de corrupción, sin importar jerarquía ni tiempo.
“Este es el primer gobierno que ha implantado un régimen de consecuencias en todos los niveles. No más impunidad. Los bienes públicos deben respetarse”, enfatizó el mandatario durante la rendición del informe.
Actualmente, 287 expedientes por faltas administrativas han sido enviados al Ministerio de Administración Pública (MAP) y 49 casos de funcionarios activos se han remitido al Ministerio Público. Esta ofensiva ha estado acompañada de un robusto ecosistema legal, institucional y de monitoreo en todas las esferas del Ejecutivo.
Más de 8,000 servidores capacitados contra malas prácticas y sobornos
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) ha tenido un papel clave en la consolidación de una gestión pública orientada al bien común y al derecho ciudadano a la información. Entre enero y marzo de 2025 se evaluaron 230 instituciones, de las cuales 211 superaron los 85 puntos en compromiso con la transparencia.
Uno de los grandes avances institucionales es el Decreto 166-25, que sancionará a partir de septiembre el incumplimiento de normas de transparencia con la pérdida de beneficios extraordinarios y sanciones administrativas. A ello se suma el fortalecimiento de las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento, sustituyendo a las comisiones de ética anteriores.
En materia de prevención, más de 8,000 funcionarios públicos han sido capacitados en gestión de riesgo de corrupción, sobornos y contrataciones. Se han desarrollado 96 matrices de riesgo y se trabaja en el reforzamiento del Sistema Nacional de Integridad Pública, con el acompañamiento de la OCDE.
Entre las faltas más comunes investigadas desde 2020 están el abuso de poder, nepotismo, maltrato laboral y duplicidad de funciones. En promedio, la respuesta institucional ha sido en 55 días, un avance sobre el estándar de 90 días establecido.
Contrataciones públicas bajo lupa con nuevas reglas y bloqueos efectivos
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha monitoreado más de RD$853,000 millones en procesos de compras estatales, logrando detener 517 compras sospechosas y proteger al Estado de posibles pérdidas por más de RD$43,000 millones. Con la implementación del Programa de Cumplimiento Regulatorio, se vigila el 85 % del presupuesto nacional.
Han sido inhabilitados 144 proveedores por fraude o violaciones legales, mientras 567 más fueron suspendidos por estar impedidos de contratar. También se generaron más de 112,000 alertas y se entregaron 3,900 certificaciones en procesos investigativos, con 13 casos remitidos al Ministerio Público.
Gracias al nuevo Reglamento 416-23, el Estado cuenta con un sistema actualizado de contrataciones que incorpora herramientas como Siscompras, un sistema de alertas y un código ético para contrataciones.
Además, con el Decreto 385-25 sobre bienes de consumo, se estableció un modelo de gestión eficiente para insumos y equipos del Estado, garantizando trazabilidad desde la adquisición hasta su disposición final.
Estructura antifraude, procuraduría y recuperación de bienes
La Unidad Antifraude de la Contraloría General colaboró en 368 ocasiones con la Procuraduría, realizó 20 análisis forenses y 72 evaluaciones de denuncias, bajo un modelo de prevención consolidado en el Decreto 382-25. Esto fortalece la coordinación con la Procuraduría General de la República, que hoy goza de mayor autonomía y capacidad de acción.
Casos emblemáticos como Calamar, INTRANT, CESTUR, Operación 13, MINERD e INAIPI forman parte del marco judicial activo, marcando un precedente de que ningún actor está por encima de la ley.
El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) ha sido clave en la recuperación de RD$6,500 millones, operando sin carga presupuestaria directa al Estado. Este equipo multidisciplinario actúa con sigilo y bajo una estructura legal sólida, transfiriendo los fondos recuperados a la Tesorería Nacional y canalizando los bienes incautados a través del Instituto de Bienes Incautados (Incabide).
Retos y liderazgo internacional
El proceso no ha estado exento de obstáculos: resistencia de funcionarios, acceso limitado a información internacional y presiones de poderes fácticos. Aun así, se mantienen mecanismos de control interno y externo, con informes periódicos supervisados por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
Gracias a estos avances, el país ha ganado proyección internacional, ocupando la presidencia de redes regionales como la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (OEA) y del Mesicic, además de ser el único país latinoamericano observador en el Comité de Contrataciones Públicas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La cultura de integridad
Los logros institucionales están acompañados por una transformación cultural en el ámbito público. Con el involucramiento directo de la ciudadanía, los canales de denuncias han cobrado fuerza, permitiendo la activación de investigaciones por malas prácticas y estableciendo una relación más transparente entre gobierno y sociedad.
A la fecha, más de 16 investigaciones se iniciaron sin denuncias externas, lo que refleja una capacidad proactiva de los órganos de control. Además, el 0 % de silencio administrativo en las solicitudes de reclamación y el 100 % de éxito en la defensa ante demandas temerarias ante el Tribunal Administrativo consolidan la solidez jurídica de las instituciones.
Este esfuerzo ha posicionado a la República Dominicana como referente regional, gracias a sus reformas estructurales, la sistematización de buenas prácticas y el cumplimiento de estándares internacionales.
Desafíos pendientes y compromiso renovado
No obstante los avances, el presidente Abinader reconoció que persisten desafíos complejos. Entre ellos:
- Superar las resistencias internas de actores que operan desde estructuras antiguas.
- Eliminar brechas legales que dificultan procesos de investigación o sanción.
- Conquistar una mayor transparencia en todos los poderes del Estado.
- Ganar acceso a información financiera internacional clave para rastrear bienes y fondos.
Aun así, el compromiso presidencial fue claro: “No habrá retrocesos. Seguiremos consolidando el régimen de consecuencias y fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones”.
