El gobierno brasileño rechaza aranceles ligados a Bolsonaro y defiende su justicia
El gobierno brasileño salió a defenderse esta semana tras un nuevo encontronazo con Estados Unidos. El motivo: las declaraciones del Departamento de Estado y el aumento de aranceles por parte de la administración Trump, que han sido interpretadas por Brasil como una clara injerencia política. El trasfondo de esta disputa no es solo comercial, sino también judicial y diplomático, con Jair Bolsonaro como pieza clave.
Todo comenzó cuando la embajada estadounidense en Brasilia, respaldando comentarios del subsecretario de diplomacia pública Darren Beattie, criticó abiertamente al Supremo Tribunal Federal y al gobierno de Lula da Silva por lo que consideraron un “ataque a la libertad de expresión y al comercio estadounidense”. El detonante fue el juicio en curso contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de liderar una red criminal que habría intentado un golpe de Estado en enero de 2023.
El mensaje fue claro y provocador: según Washington, estas acciones judiciales son una “vergüenza” para la democracia brasileña. La respuesta de Brasil no se hizo esperar. El Ministerio de Relaciones Exteriores lo dejó bien claro en un comunicado: esas declaraciones son “una injerencia inaceptable en asuntos internos” y dañan la relación de respeto y cooperación que ambos países han cultivado por más de dos siglos.
¿Qué tiene que ver Bolsonaro con los aranceles?
Lo que en un inicio parecía una disputa diplomática más, escaló rápidamente al terreno económico. La administración Trump anunció la apertura de una investigación formal sobre las prácticas comerciales de Brasil, lo que podría derivar en más sanciones y aranceles.
La justificación oficial incluye una larga lista de quejas: desde restricciones al comercio digital y trato preferencial a otros socios internacionales, hasta problemas relacionados con propiedad intelectual, compra de etanol y políticas ambientales. Pero lo que más llama la atención es que entre los motivos mencionados también aparece, de manera explícita, el juicio a Bolsonaro.
En otras palabras: el gobierno de EE.UU. está vinculando una causa judicial contra un expresidente brasileño con la política comercial del país. Para Brasil, eso es cruzar una línea roja. La cancillería respondió con firmeza: “Nuestra soberanía no está ni estará nunca sobre la mesa en ninguna negociación”.
¿Qué implica esta medida?
La investigación anunciada por la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. (USTR) se realiza bajo el amparo del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974. Este artículo permite al Ejecutivo norteamericano tomar medidas unilaterales –como imponer aranceles– cuando se considera que otro país mantiene prácticas comerciales “injustas o discriminatorias” que perjudican a las empresas estadounidenses.
En términos simples, esta medida abre la puerta a que EE.UU. suba aún más los aranceles a productos brasileños, lo que encarecería su entrada al mercado estadounidense. Uno de los sectores más sensibles es el del etanol, donde Brasil ya ha perdido beneficios arancelarios, y el gobierno teme ahora un impacto aún mayor en sus exportaciones agrícolas y energéticas.
- Lo que molesta a Brasil no es solo el fondo económico, sino el tono político del anuncio. El representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, afirmó que estas acciones buscan proteger a los trabajadores y empresas estadounidenses de lo que llamó “prácticas desleales” por parte de Brasil, especialmente en redes sociales y comercio digital. En realidad, se refería a una resolución reciente del Supremo brasileño, que responsabiliza a las plataformas digitales por los contenidos ilegales que publican sus usuarios, lo que ha sido visto en EE.UU. como un intento de censura.
¿Y qué dice Trump?
El expresidente estadounidense, fiel a su estilo, no se guardó nada. Consultado por los aranceles a Brasil y su vínculo con el juicio a Bolsonaro, respondió sin rodeos: “Lo hacemos porque puedo hacerlo”. Para Trump, esta es una forma de presionar a otros países a producir en EE.UU. o pagar para acceder al mercado.
Sus declaraciones coinciden con una estrategia más amplia de su gobierno: usar el comercio como arma política. Ya lo hizo antes con China, México y la Unión Europea. Ahora parece que Brasil está en la mira.
Lula responde con diplomacia (pero sin ceder)
Desde marzo, el gobierno de Lula ha intentado mantener un diálogo abierto con EE.UU. sobre temas comerciales. Lo que busca Brasil es negociar con base en intereses mutuos, sin mezclar disputas políticas internas con temas económicos. Pero ante las últimas acciones y declaraciones, el tono ha cambiado.
El mensaje de Brasilia es directo: están dispuestos a hablar, pero no aceptan presiones que comprometan su independencia judicial ni su soberanía. “Seguiremos defendiendo la democracia y el Estado de derecho sin interferencias externas”, han dicho voceros del gobierno.
¿Qué sigue?
La relación entre Brasil y Estados Unidos está pasando por un momento delicado. A nivel comercial, el conflicto puede derivar en nuevos aranceles y trabas para productos brasileños. A nivel político, la tensión entre Trump y Lula, con Bolsonaro como excusa, amenaza con dañar una relación histórica entre las dos mayores economías del continente.
Aunque el gobierno brasileño intenta mantener el cauce diplomático, la postura de EE.UU. ha encendido alarmas. Si la Casa Blanca insiste en vincular la justicia brasileña con represalias comerciales, el conflicto podría escalar rápidamente.
Por ahora, Brasil ya dejó clara su posición: no aceptará que se use su sistema judicial como moneda de cambio en ninguna negociación internacional.