Con la aplicación de esta medida, el costo total de una visa B‑1/B‑2 se eleva a USD 435
Nueva York.-En una medida que ha sacudido el panorama migratorio global, el gobierno de los Estados Unidos impuso una nueva tarifa obligatoria de USD 250 sobre todas las solicitudes de visas no inmigrantes, como parte de la llamada ley One Big Beautiful Bill (H.R.1), firmada el pasado 4 de julio de 2025.
La disposición forma parte de una reforma migratoria de gran calado que busca reforzar el cumplimiento legal y financiar la seguridad fronteriza del país. la medida afectara a millones de visistantes a Estados Unidos, en particular a miles de dominicanos.
La tarifa, denominada oficialmente Visa Integrity Fee, comenzó a aplicarse parcialmente desde este mes de julio y será obligatoria en todos los casos a partir del 1 de enero de 2026.
La medida afecta la mayoría de las categorías temporales
La nueva tasa impacta directamente a quienes soliciten visas temporales, entre ellas las de turismo y negocios (B‑1/B‑2), estudiantes (F y M), trabajadores especializados (H‑1B) y programas de intercambio (J), entre otras. Solo quedan exentas las categorías diplomáticas (A y G). Esta tarifa no es opcional ni exonerable bajo ninguna circunstancia.
Con la aplicación de esta medida, el costo total de una visa B‑1/B‑2 se eleva a USD 435, considerando la tasa de procesamiento existente de USD 185, más la nueva tarifa de integridad. Algunas fuentes indican que, con otros cargos complementarios como ESTA o I-94, el precio podría alcanzar hasta USD 472.
Detalles del reembolso, ajustes e impacto en sectores clave
El gobierno establece que el monto de USD 250 será reembolsado únicamente si el solicitante cumple con todas las condiciones migratorias: abandonar el país al vencimiento del visado o realizar un ajuste de estatus legal. Sin embargo, el mecanismo de devolución aún no ha sido plenamente definido, y requerirá documentación que demuestre el cumplimiento total.
Además, el monto está sujeto a ajustes anuales conforme al Índice de Precios al Consumidor (CPI), y se prevé que futuras regulaciones puedan sumar nuevas tasas migratorias.
Esta disposición ha generado preocupación en sectores educativos, turísticos y laborales, donde ya se reporta un repunte en las solicitudes de visado anticipadas. Agencias de viaje y universidades expresan inquietud por el posible efecto disuasorio de la medida, especialmente en países como India, México, República Dominicana y Filipinas, donde el acceso a visas de EE. UU. es parte clave de movilidad académica y profesional.
Contexto financiero y político
La nueva tarifa es solo uno de varios componentes del ambicioso paquete legislativo migratorio aprobado en 2025. La ley también contempla un impuesto del 1 % a las remesas enviadas fuera del país, nuevas tasas para solicitar residencias permanentes, asilo político, autorizaciones de empleo, y un incremento en fondos para deportaciones y operativos fronterizos.
Expertos advierten que estas cargas podrían restringir la entrada legal de personas a EE. UU. y afectar su capacidad de atraer talento internacional, estudiantes e inversión extranjera.
El gobierno estadounidense justifica esta reforma como un instrumento para fortalecer su política migratoria y reducir la sobreestancia de visados, pero críticos y sectores afectados insisten en que el alza en tarifas representa un obstáculo económico injustificado para millones de solicitantes legítimos. La implementación plena en enero de 2026 será una prueba clave sobre sus efectos reales.
