Despidos de aproximadamente 1.300 empleados mientras se retoma el proceso en tribunales inferiores
Nueva York.- En una decisión de alto impacto, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó hoy a la administración de Donald Trump a avanzar con su plan de desmantelamiento del Departamento de Educación, permitiendo el despido de aproximadamente 1.300 empleados mientras se retoma el proceso en tribunales inferiores.
La resolución, de carácter no firmada, revierte una orden previa de un juez federal en Boston (Myong Joun) que había bloqueado estas cesantías, al considerarlas parte de un intento de clausurar la agencia sin el aval del Congreso.
Tres de las juezas liberales disintieron: la jueza Sotomayor advirtió sobre una “grave amenaza” a la separación de poderes, al permitir que el Ejecutivo use recortes masivos para evadir leyes.
Despidos autorizados antes de más revisiones judiciales
El anuncio se produce tras la orden ejecutiva del pasado 20 de marzo, bajo la cual la secretaria Linda McMahon inició un proceso de recorte equivalente a casi la mitad de su plantilla. Hoy, McMahon celebró la decisión de la Corte Suprema como una “victoria para la eficiencia, la rendición de cuentas y las familias estadounidenses”, al reafirmar la autoridad presidencial sobre el personal administrativo .
Sin embargo, la Corte advirtió que la abolición total del Departamento requerirá el aprobado del Congreso, un escenario poco probable debido a la mayoría ajustada del Partido Republicano y el umbral de 60 votos necesario en el Senado.
Riesgos para programas educativos y préstamos estudiantiles bajo recortes
La decisión abre un vacío operativo: en medio del proceso legal, la administración planea trasladar funciones clave como los préstamos estudiantiles a otras agencias (Tesoro, Trabajo, Salud y Justicia), y recortar USD 900 millones en investigación educativa.
Los críticos advierten que el recorte de personal podría paralizar la atención de programas de ayuda federal, asistencia civil, supervisión de educación especial y distribución de fondos.
La American Federation of Government Employees indicó que esta medida “está jugando con los futuros de millones de estadounidenses”. Los críticos judiciales, incluida la juez Sotomayor, llaman al plan “autoritarismo disfrazado” que desmantela funciones protegidas por ley .
