Captaban víctimas en varios países con promesas de viviendas. Estafaron más de 18 millones de dólares
La Corte de Apelación de San Pedro de Macorís confirmó la prisión preventiva por 18 meses contra Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco, señaladas como líderes de una red de fraude electrónico inmobiliario que operaba a nivel internacional, tras acoger la solicitud del Ministerio Público.
El tribunal, presidido por el magistrado Glass Gutiérrez, rechazó el recurso de apelación interpuesto por las imputadas, ratificando íntegramente la decisión emitida el pasado 25 de febrero por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana.
Ambas encartadas cumplen prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en la provincia de San Cristóbal, mientras se desarrolla la investigación que involucra a otros integrantes clave de la organización criminal.
Red captaba víctimas en varios países con promesas de viviendas
El Ministerio Público estableció que la estructura delictiva estaba encabezada además por Yves Alexandre Giroux, quien guarda prisión en el CCR de San Pedro de Macorís. La revisión obligatoria de su medida está pautada para el 5 de agosto, audiencia en la cual el órgano acusador pedirá mantener su prisión preventiva.
Otro miembro de alto perfil del grupo es Loany Ortiz, quien permanece detenida en Bogotá, Colombia, enfrentando un proceso de extradición solicitado por las autoridades dominicanas.
La red se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios inexistentes, atrayendo compradores desde República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, utilizando como fachada la marca RE/MAX, reconocida a nivel internacional.
Estafaron más de 18 millones de dólares y ocultaron bienes
Durante la investigación se ha determinado que el grupo obtuvo fraudulentamente US$18,851,583.12, y que fueron incautados bienes inmuebles y vehículos de lujo en diversas localidades como Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia.
También se decomisaron dispositivos electrónicos y documentación relevante que sustenta la acusación.
Las acciones criminales del grupo violan los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal, el artículo 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El equipo de litigación está compuesto por los procuradores de Corte Benito Nieves, Abraham Ortiz y Manuel Castro, junto al procurador fiscal Claudio Cordero.
Las magistradas Ramona Nova y Reina Rodríguez destacaron que esta decisión judicial confirma la fortaleza de las pruebas y la profundidad de la investigación desarrollada por el Ministerio Público.
