Cuestionan exenciones de responsabilidad para sectores con poder institucional
Santo Domingo. – Decenas de organizaciones sociales dominicanas, agrupadas en la Iniciativa Ciudadana por Un Mejor Código, han lanzado una fuerte advertencia pública sobre los riesgos que representa el nuevo proyecto de Código Penal aprobado en primera lectura por el Senado este jueves. La iniciativa legislativa, según denunciaron, contiene disposiciones que implican graves retrocesos en materia de justicia, derechos humanos y libertad de expresión.
Uno de los puntos más alarmantes, señalaron las organizaciones, es que el texto aprobado excluye de responsabilidad penal al Estado, los ayuntamientos, los partidos políticos y las iglesias. Esta medida, denunciaron, “equivale a otorgar impunidad legalizada para prácticas de corrupción y abusos desde el poder”.
Otra disposición criticada es la prescripción de los delitos de corrupción a los 20 años, lo que —afirman— contradice los estándares internacionales que exigen que estos delitos sean imprescriptibles dada su gravedad y el daño social que provocan.
Denuncian debilitamiento de figuras clave en derechos y justicia
La nueva propuesta también reduce la protección contra la violencia de género. Las organizaciones expresaron su rechazo al debilitamiento del tipo penal del feminicidio, que queda restringido a “casos extremos”, dejando fuera múltiples formas de violencia letal hacia las mujeres.
Ejemplificaron que si una mujer es asesinada por su pareja pero no se presentan señales de violencia sexual o el cuerpo no es expuesto públicamente, el crimen no sería considerado feminicidio, lo que reduce la sanción penal y el reconocimiento del patrón de violencia machista.
También señalaron que las penas mínimas para agresiones sexuales se reducen a uno o dos años, permitiendo incluso que los agresores recuperen su libertad, mientras los delitos sexuales podrán prescribir, lo que dificulta la justicia para las víctimas.
A esto se suma la ausencia de las tres causales del aborto en el texto legislativo. Lejos de avanzar hacia la despenalización, el proyecto propone penas de hasta tres años de prisión para toda interrupción del embarazo, incluso cuando peligra la vida de la madre, el feto es inviable o el embarazo es producto de violación o incesto.
Endurecen penas y amplían delitos, pero sin enfoque garantista
Aunque el nuevo Código Penal tipifica delitos nuevos como el sicariato, genocidio, hostigamiento, actividad sexual no consentida, daño con sustancias nocivas, tortura, arresto ilegal e infracciones por medios digitales, el enfoque general del proyecto, según los críticos, prioriza el castigo y la represión en lugar de garantizar derechos y prevenir la violencia estructural.
Asimismo, se propone elevar la pena máxima de prisión de 30 a 40 años, un cambio que no resuelve el problema de fondo de un sistema de justicia que sigue siendo desigual y selectivo.
El proyecto deberá ser aprobado en segunda lectura por el Senado este martes, para luego ser enviado a la Cámara de Diputados, que tiene hasta el 26 de julio, cuando concluye la actual legislatura, para debatirlo.
Las organizaciones sociales exigen al Congreso abrir un debate nacional real, donde se escuche a las víctimas y a la ciudadanía, y se garantice un Código Penal justo, equitativo y moderno.
