Fraude energético llevó a condena de tres años de prisión y expone debilidades del sistema
SANTO DOMINGO.– En un precedente importante para la defensa del sistema eléctrico nacional, el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo condenó a tres años de prisión a dos contratistas acusados de atentar contra la infraestructura energética en perjuicio de Edeeste y del Estado dominicano.
Los implicados, Héctor Rafael Reví y Joan Danilo Eusebio Ramírez, fueron hallados culpables de realizar conexiones ilegales en junio de 2023 sin contar con la debida autorización de la Superintendencia de Electricidad (SIE) ni de la propia distribuidora. La evidencia presentada por el equipo legal de Edeeste, junto al Ministerio Público, fue contundente y permitió al tribunal emitir una sentencia definitiva.
Además de la pena de prisión que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, ambos deberán pagar una indemnización de RD$100,000.00, así como asumir las costas penales y civiles del proceso.
Una práctica peligrosa que pone en riesgo la red nacional
Los contratistas fueron sorprendidos en flagrante delito por el personal de Seguridad Física de Edeeste mientras operaban con una “guagüita”, escalera y cables, lo que evidenció una estructura organizada para intervenir de forma ilegal el sistema de distribución.
Su accionar violó el artículo 124-2 de la Ley General de Electricidad 125-01 y los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que penalizan el sabotaje, el fraude y la asociación criminal.
Estas acciones, además de ilegales, afectan directamente la sostenibilidad del sistema eléctrico y representan una amenaza tanto para la calidad del servicio como para la seguridad ciudadana.
Edeeste advierte consecuencias para quienes incurran en fraude energético
Ante este fallo, Edeeste reiteró su compromiso con la protección de los recursos del sistema eléctrico y llamó a todos los usuarios a regularizar su situación. La empresa enfatizó que las prácticas fraudulentas no solo tienen consecuencias económicas, sino también sanciones penales severas.
“Combatir el fraude eléctrico es esencial para garantizar un servicio equitativo y sostenible”, afirmó la distribuidora, al tiempo que exhortó a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa que vulnere la red.