Los implicados en la supuesta red corrupta incluye a un mayor general retirado y varios coroneles
Santo Domingo. – El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra diez militares y civiles vinculados a una presunta red de corrupción administrativa desarticulada mediante la denominada Operación Lobo, la cual operaba desde el corazón de las contrataciones públicas en instituciones clave del Estado dominicano.
Según explicó Mirna Ortiz, procuradora de corte y coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), los imputados están acusados de recibir más de RD$100 millones en sobornos para asegurar y mantener contratos de seguridad privada en entidades públicas, afectando la libre competencia y vulnerando servicios destinados a sectores sensibles de la población.
Funcionarios involucrados en empresas estatales y servicios sociales esenciales
La red, compuesta por altos rangos militares y empresarios privados, habría afectado de forma directa instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas de distribución eléctrica EdeNorte, EdeEste y EdeSur, fundamentales para el desarrollo y bienestar social del país.
Entre los implicados figuran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
También, el primer teniente Wellington Peralta Santos, el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
El Ministerio Público también solicitó que el proceso sea declarado caso complejo, dada la magnitud de las operaciones fraudulentas y el número de instituciones afectadas.
La Pepca promete más arrestos en esta primera etapa del caso
Ortiz aseguró que el caso apenas comienza y que podrían producirse nuevas investigaciones y arrestos en los próximos días. “Hemos presentado más de 500 pruebas que respaldan la acusación en esta primera fase”, afirmó, destacando el carácter estructurado y sistemático de la red delictiva.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, y se considera un avance significativo en la lucha contra la corrupción en áreas críticas del aparato estatal.
“Esto no es solo una estafa al Estado; es un ataque directo a los servicios esenciales para la ciudadanía, y el Ministerio Público actuará con todo el peso de la ley”, concluyó Ortiz.
