Rechazo a prórroga con empresa de licencias generó presiones y chantajes
Santo Domingo. – Lo que comenzó como una decisión administrativa basada en principios legales, terminó desatando una intensa campaña de presiones, demandas judiciales y hasta supuestos chantajes. Así lo confirmó el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, al referirse al caso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y su negativa a renovar el contrato con la empresa Dekolor, encargada hasta ahora de la emisión de licencias de conducir.
Según Pimentel, todo estalló cuando el titular del Intrant, Milton Morrison, se opuso firmemente a firmar una nueva adenda con Dekolor. Esta empresa venía operando bajo un contrato cuestionado por inconsistencias en precios, servicios y pagos no registrados debidamente. En vez de extender el acuerdo, Morrison optó por iniciar un nuevo proceso de licitación, como manda la ley.
“La presión fue enorme, pero Milton se mantuvo firme. Le dije que no debía firmar esa adenda, que si teníamos que quedarnos momentáneamente sin licencias, lo haríamos, pero no íbamos a validar lo incorrecto”, explicó Pimentel durante una entrevista en el programa El Día, transmitido por Telesistema, canal 11.
Esa decisión de actuar con apego a la normativa desató una serie de maniobras legales por parte de Dekolor, incluyendo un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), lo que ha detenido temporalmente el nuevo proceso de licitación. La audiencia está prevista para el lunes 14 de julio.
Mientras tanto, los veedores y otros actores involucrados en la licitación afirman estar recibiendo presiones e intimidaciones por la vía judicial. Según Pimentel, estas acciones parecen estar orientadas a bloquear la competencia y garantizar la continuidad del contrato anterior, a pesar de las irregularidades ya identificadas.
El trasfondo del conflicto no es menor. Durante la revisión del contrato con Dekolor se detectaron anomalías en la facturación y en los procedimientos administrativos, lo cual motivó que el caso fuera enviado a la Procuraduría General de la República. El objetivo: que se investigue a fondo y se determine si hubo violaciones a la ley y quiénes son los responsables.
Aunque la licitación sigue técnicamente en pie, el proceso ha quedado en suspenso hasta que el TSA emita su fallo. Mientras tanto, la ciudadanía queda a la expectativa sobre el futuro inmediato del servicio de emisión de licencias y, más allá, sobre cómo el Estado enfrenta las viejas prácticas en las contrataciones públicas.
Lo cierto es que, esta vez, un funcionario decidió no ceder. Y eso, en un sistema donde lo común ha sido mirar hacia otro lado, ya es noticia por sí sola.
