El compromiso con reglamento de uso de suelo destraba conflicto institucional
Santo Domingo.- La Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM) decidió retirar la querella que había interpuesto contra el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, luego de alcanzar un acuerdo institucional con el Poder Ejecutivo. La querella, que se relacionaba con el manejo del derecho al uso de suelo en los territorios municipales, fue levantada tras el compromiso del Gobierno de poner en marcha el reglamento de aplicación de la Ley 368-22 sobre ordenamiento territorial.
Pedro Richardson, secretario ejecutivo de FEDODIM, hizo el anuncio durante una entrevista televisiva en el programa “Propuesta de la Noche”, conducido por el periodista Manuel Jiménez. Según explicó, el retiro de la acción legal responde a una garantía formal del consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que, en los próximos días, se activará el reglamento que regirá el uso de suelo en el país.
Esta medida es clave porque, aunque la Ley 368-22 fue aprobada hace tiempo, su aplicación real está estancada por la falta de reglamentos. De los ocho que requiere, el del uso de suelo es considerado el más urgente. ¿Por qué? Porque es el que define cómo se distribuyen y controlan las actividades económicas, residenciales y ambientales dentro de los municipios. En otras palabras, es el que permite que los gobiernos locales planifiquen su territorio con criterio técnico y legal.
Richardson subrayó que en el país existen al menos 26 distritos municipales con más de 15,000 habitantes —según el censo de 2010 aún vigente—, lo cual les da derecho a contar con su propia oficina de planeamiento urbano. Sin embargo, la gran mayoría no cuenta con el personal ni los recursos para hacerlo. Por eso, FEDODIM creó una Unidad de Planeamiento Urbano y Programación, que lleva más de dos años asesorando técnicamente a los distritos en ese proceso.
“El problema es estructural. Se necesita un equipo técnico mínimo con ingenieros, urbanistas, agrimensores, sociólogos y abogados. Pero muchos gobiernos locales simplemente no tienen cómo financiarlo. Por eso FEDODIM asumió ese rol de apoyo técnico”, afirmó Richardson.
El conflicto con el Ministerio de Vivienda, según aclaró, nunca fue personal ni político. “No era contra el ministro Bonilla. Fue una decisión institucional tomada por nuestro consejo directivo, con un solo propósito: que se cumpla la ley”, dijo.
También aprovechó para señalar otras distorsiones históricas en el manejo de los recursos municipales, como el caso de Verón-Punta Cana, donde, según denunció, los ingresos generados en el distrito han sido desviados hacia el municipio cabecera de Higüey, sin que ese dinero se traduzca en obras o servicios locales. “Eso tiene que cambiar. La ley y la Constitución dicen que los arbitrios deben quedarse donde se generan. No es justo que los distritos productivos no vean retorno de sus propios ingresos”, sostuvo.
Richardson cerró su intervención resaltando el valor institucional del acuerdo logrado. A su juicio, este episodio demuestra que es posible incidir en la política pública sin recurrir a confrontaciones partidistas. “Esto fortalece la democracia local. Si queremos un desarrollo equilibrado del país, los gobiernos locales deben ser escuchados y tomados en cuenta”, afirmó.
También valoró la apertura mostrada por el Gobierno del presidente Luis Abinader para resolver el impasse a través del diálogo. A su entender, el retiro de la querella no solo cierra un conflicto legal, sino que abre una etapa de cooperación en beneficio del desarrollo territorial y la descentralización.
