Holguín‑Vera alerta sobre crisis financiera en Senasa y el colapso del modelo de seguridad social
Santo Domingo.– El sistema de seguridad social dominicano está atrapado entre una idea mal ejecutada y una realidad que lo está desbordando. Así lo advirtió Luis Holguín‑Vera, coordinador del Movimiento por las Pensiones a los Empleados Públicos, en una entrevista que no dejó espacio para ambigüedades: Senasa está en crisis.
Y no es una exageración. Senasa, la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) pública, tiene actualmente más de siete millones de afiliados. De esos, casi seis millones pertenecen al régimen subsidiado, es decir, personas que no aportan nada directamente porque no tienen ingresos estables. En teoría, el Estado cubre ese gasto. En la práctica, no está pagando lo que corresponde.
“El problema es que desde 2020, con la pandemia, se sumaron 2.4 millones de personas al régimen subsidiado, pero el Estado no ajustó el per cápita”, explicó Holguín‑Vera. El per cápita es el monto que el Gobierno transfiere por cada afiliado para cubrir sus servicios médicos. Y ese monto, hoy por hoy, está desfasado.
El resultado es un desequilibrio estructural. Senasa no da abasto. Y mientras se suman afiliados, los fondos no crecen al mismo ritmo. Es como inflar un globo con un solo pulmón y sin parar.
Holguín‑Vera fue más allá: afirmó que el sistema de seguridad social dominicano fue “desnaturalizado”. ¿Qué significa eso? Que se alejó de su objetivo original: garantizar derechos sociales. En vez de eso, se volvió un híbrido entre negocio y promesa social, con contradicciones que lo están destruyendo desde adentro.
“El copago, por ejemplo, no estaba en la ley. Entró por necesidad, pero termina siendo un castigo económico para el que menos tiene”, dijo. Según explicó, los afiliados muchas veces tienen que pagar extra al recibir atención, algo que contradice la lógica de un sistema solidario.
Además, criticó el rol de las ARS privadas dentro del esquema. “Son empresas que maximizan beneficios con dinero público. Eso no es sostenible ni justo”, aseguró.
Otro punto que abordó fue la falta de transparencia. Muchos ciudadanos que han sido separados del sector público ni siquiera saben que ahora están bajo el régimen subsidiado. Como no reciben información, no usan el servicio. “Y ahí está otro problema: derechos que existen pero no se ejercen”, señaló.
En la entrevista también abordó el tema de las pensiones. Desde 2019, el salario mínimo del sector público —base para calcular pensiones— no se ha movido de los RD$10,000. Eso arrastra todo el sistema hacia abajo. “La pensión máxima debería ser ocho veces el salario mínimo, pero se calcula con una cifra estancada. Eso reduce injustamente las pensiones altas”, explicó.
Según él, alguien que cotizó para recibir RD$100,000 puede terminar recibiendo solo RD$80,000. No por falta de fondos, sino por un criterio mal aplicado.
Para Holguín‑Vera, el problema es de fondo: un sistema que fue diseñado para funcionar como empresa, no como garante de derechos. Y sin una reforma seria, dice, esto seguirá empeorando.
“No hay voluntad política. Los gobiernos no han sido honestos con la gente. El Estado no tiene la capacidad actual para garantizar servicios de salud con la calidad y oportunidad que se necesita. Pero en lugar de admitirlo y rediseñar el sistema, siguen parchando”, concluyó.
