MP no para de presentar pruebas: más de 9 millones por lavado de activos
SANTO DOMINGO, RD. – El Ministerio Público continúa ampliando su acusación contra Adán Cáceres Silvestre y demás imputados en la Operación Coral, al presentar en la audiencia de este martes nuevas pruebas documentales y testimoniales que confirman el uso de organizaciones religiosas, asociaciones campesinas y empresas comerciales para ocultar bienes adquiridos irregularmente.
Una de las declaraciones más contundentes fue la del representante legal de la Iglesia Bautista Vida Eterna, quien admitió que esa entidad recibió RD$9,000,000.00 de parte de Cáceres. De ese monto, solo devolvieron RD$1,000,000.00, lo que refuerza la tesis de que la iglesia fue usada como vehículo para lavar fondos ilícitos.
Asociaciones fantasmas, firmas en blanco y contratos redireccionados
El testigo Elvin Rudys Ramírez, quien figura como presidente de la Asociación Campesina Madre Tierra, declaró que aceptó ese cargo por un favor personal a Cáceres, pero no tenía control sobre las operaciones.
Según explicó, los cheques llegaban en blanco para su firma, transportados por el imputado Kelman Santana, mientras que Rossy Guzmán, alias la Pastora, actuaba como tesorera.
En otro frente, un representante de Saramago SRL afirmó que vendió un apartamento a Epifanía Peña Lebrón, pero fue presionado para que el contrato definitivo se realizara a nombre de Único Real State e Inversiones, empresa de Rossy Guzmán. Este patrón de simulación contractual se repite en varias adquisiciones analizadas por la fiscalía.
Construcción de plazas y pagos en dólares completan el esquema ilícito
Otro testigo, Harmiton Luna, confirmó la venta de apartamentos en la torre Harianex XIII a Adán Cáceres y Julio Camilo de los Santos Viola, operaciones que se realizaron con pagos en dólares estadounidenses, levantando sospechas sobre el origen de los fondos.
Mientras tanto, José Rafael Madera Madera declaró que Rafael Núñez de Aza le pidió figurar como accionista en la empresa CSNA Universo Empresarial en representación de Cáceres. Además, reveló que él mismo construyó la Plaza Randa, que alberga 44 locales comerciales, propiedad, según sus palabras, de Núñez de Aza y Cáceres.
Estos nuevos elementos refuerzan la hipótesis del Ministerio Público sobre la existencia de una estructura sofisticada de lavado de activos que involucró simulación de operaciones, prestanombres y uso de instituciones religiosas y sociales.
La audiencia, presidida por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, continuará el próximo martes 15 de julio, con la incorporación de nuevos testigos en lo que se perfila como uno de los casos más complejos de corrupción estructurada en la historia reciente del país.
