La estructura manipulaba contratos de seguridad en el Estado y tendria respaldo militar y empresarial
Santo Domingo. – La Procuraduría General de la República (PGR) identificó y arrestó a altos mandos militares y civiles implicados en una presunta red de corrupción que se beneficiaba de contratos de seguridad privada en instituciones públicas, a través del pago sistemático de sobornos.
La operación, encabezada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, incluyó 15 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y Santiago, con la participación de 26 fiscales y 189 agentes policiales.
Según confirmó el Ministerio Público, la investigación se inició tras una denuncia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, dirigida por la doctora Milagros Ortiz Bosch, lo que llevó a destapar una estructura que manipulaba adjudicaciones de contratos públicos para servicios de seguridad.
Figuras militares de alto rango entre los principales arrestados
Entre los detenidos se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, y los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez, todos del Ejército.
También fueron arrestados el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, el primer teniente Wellington Peralta Santos, el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, y en Santiago, Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Estas detenciones representan un golpe importante contra una red que presuntamente usaba influencias institucionales para garantizar la permanencia y adquisición de contratos estatales bajo esquemas fraudulentos.
Medidas judiciales avanzan mientras se amplían las investigaciones del caso
El Ministerio Público anunció que en las próximas horas depositará formalmente la solicitud de medida de coerción contra los implicados. Se presume que se solicitará prisión preventiva como medida cautelar, dado el perfil de los detenidos y la gravedad de los cargos.
Las autoridades no han revelado los nombres de las instituciones públicas afectadas, aunque indicaron que forman parte de los organismos que contratan servicios de seguridad externa y están bajo revisión.
Este nuevo caso se suma a una larga lista de escándalos recientes que vinculan sectores militares y empresariales con esquemas de corrupción estatal, elevando el debate sobre la necesidad de reformas profundas en los procesos de licitación y fiscalización pública.
