Cae red de corrupción con contratos de seguridad pública
SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público informó que lanzó este lunes la Operación Lobo, con el que asesta un nuevo golpe contra la corrupción administrativa que destapó una estructura dedicada supuestamente a obtener contratos estatales de seguridad privada a través de sobornos.
La investigación, encabezada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución, incluyó 15 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y Santiago. El despliegue fue respaldado por 189 agentes de la Policía Nacional y 26 fiscales, en una acción que llevó al arresto de 15 personas vinculadas a la red, indica el informe del organismo judicial.
La estructura operaba sobornando funcionarios o intermediarios para conseguir contratos y mantenerlos en varias instituciones públicas, entre ellas: el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las tres empresas distribuidoras de electricidad del país: EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
La investigación se activó tras una denuncia formal enviada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), dirigida por Milagros Ortiz Bosch, lo que marca un nuevo precedente en la colaboración entre entidades estatales en la lucha anticorrupción.
De acuerdo con el Ministerio Público, esta red logró insertarse en múltiples niveles de contratación pública valiéndose de pagos irregulares, tráfico de influencias y mecanismos de simulación. El objetivo era claro: ganar contratos de servicios de vigilancia para instituciones claves, utilizando métodos fraudulentos para mantener el control.
En las próximas horas, los fiscales presentarán ante el tribunal la solicitud de medidas de coerción contra los involucrados. Las autoridades han prometido profundizar en las líneas de investigación con una visión integral, como ha venido impulsando la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.
La Operación Lobo se suma a una lista de intervenciones del Ministerio Público para atacar la corrupción administrativa desde múltiples frentes. En este caso, el foco está en un sector poco observado: los contratos de seguridad privada, un negocio multimillonario donde también se han colado prácticas delictivas.
Este caso deja en evidencia que las estructuras de corrupción no solo afectan los altos niveles políticos, sino que también alcanzan áreas operativas que deberían estar al servicio del interés público.
